
¿QUIÉNES SON ESTOS MANIFESTANTES Y QUÉ QUIEREN?
Los inconformes son partidarios acérrimos de Bolsonaro, y algunos de ellos han acampado frente a un cuartel militar de Brasilia desde que Bolsonaro perdió las elecciones presidenciales del 30 de octubre y rechazan los resultados de la contienda. Otros viajaron a Brasilia el fin de semana a bordo de autobuses. Han estado exigiendo una intervención militar para destituir al recién investido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bajo el argumento de que es un ladrón que conducirá al país hacia el comunismo, y para restablecer a Bolsonaro en el poder.
¿CÓMO LLEGÓ BRASIL A ESTE PUNTO?
A lo largo de su gobierno, Bolsonaro arremetió contra los jueces del Supremo Tribunal Federal por iniciar investigaciones en contra suya y de algunos aliados. En reiteradas ocasiones señaló al juez Alexandre de Moraes, que presidió la autoridad electoral durante los comicios, y en un momento dado puso a Brasil al borde de una crisis institucional al amenazar con desobedecer cualquier fallo futuro de De Moraes.

Entre Jill Biden, de 71 años, y Beatriz Gutiérrez Müller, a punto de cumplir 54, hay casi dos décadas de diferencia pero ambas son académicas y han marcado distancia con sus predecesoras como primeras damas.
Biden fue la primera esposa de un presidente estadounidense en mantener una carrera independiente fuera de la Casa Blanca. Gutiérrez Müller, la primera en querer derogar la figura de primera dama en México.
Ambas, con doctorados y libros de su autoría a sus espaldas. La estadounidense es maestra, la mexicana es periodista y experta en literatura. Conectaron mucho más que sus esposos, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, dos políticos con trayectorias y carácteres muy distintos además de visiones encontradas desde Ucrania a las relaciones con Cuba, Venezuela o Nicaragua.
Las palabras en abierto al inicio de la reunión bilateral lo dejaron claro cuando López Obrador dejó las sonrisas para pedir a Biden que termine con la actitud de abandono y desdén hacia América Latina.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces de la Corte Suprema, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.
En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

Las protestas, en que se exige el adelanto de las elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, tienen mayor intensidad en las regiones del centro y sur del país y han resurgido con nuevo impulso desde el miércoles en algunas zonas, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
La Defensoría del Pueblo reportó la tarde del sábado movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 18 provincias, que equivalen al 9.2% de todas las que tiene el país.
Además, registró 66 puntos de bloqueo en vías nacionales y enfrentamientos con fuerzas del orden en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, en el sur peruano, con un saldo de 12 civiles heridos durante la jornada, la segunda manifestación de gran magnitud tras la registrada en la víspera.

Santa Cruz es el motor económico y bastión opositor al gobierno en el oriente de Bolivia. Abastece con granos, carne y otros alimentos a las provincias vecinas, pero debido a los bloqueos que acompañan a las protestas el flujo de mercancías se ha interrumpido, informaron las asociaciones de productores de pollo y carne.
La Autoridad Boliviana de Carreteras ha informado que ese departamento tiene más de 10 puntos de bloqueo, lo que ha dejado largas filas de camiones varados.
Decenas de camioneros realizaron el jueves por la mañana una caravana en Santa Cruz en apoyo a Camacho. Su dirigente, Juan Yujra Aquino, mencionó a The Associated Pres que no están de acuerdo con “esta injusticia que se ha cometido al gobernador”, pero también pidió que se respete su región.
“El presidente Luis Arce tiene que gobernar para todos. Esta es una revancha... Es una venganza que él tiene, pero no le va a funcionar”, agregó.