LA PAZ, Bolivia (AP) — Una marcha multitudinaria en contra del gobierno de Bolivia liderada por el expresidente Evo Morales hacía su ingreso el lunes a la ciudad de El Alto en su camino a la capital, La Paz, sin hallar resistencia tras los violentos choques de la víspera que dejaron una veintena de heridos. La caminata plantea un duro desafío al presidente de Bolivia, Luis Arce, liderado por su exaliado y ahora acérrimo rival.

Horas antes, Arce volvió a convocar a un diálogo con Morales tras los violentos enfrentamientos callejeros de la víspera entre seguidores de ambos en un intento por impedir el ingreso a La Paz de la columna que por siete días lideró el exmandatario, que el lunes caminaba unos metros atrás de la cabeza vestido con un poncho indígena.

La llamada “marcha para salvar Bolivia” reclama a Arce soluciones a la crisis económica y sobre todo que el gobierno y las autoridades reconozcan a Morales como único líder del gobernante Movimientos al Socialismo (MAS) y se le permita postular a las elecciones de 2025 después de que fuera inhabilitado por un fallo del Tribunal Constitucional a fines del año pasado.

La columna de Morales avanzaba el lunes temprano sin oposición y entre algunos aplausos por el barrio de Ventilla, en las afueras de ciudad de El Alto, vecina a la capital y escenario de los altercados del domingo.

“Pese a todo este ambiente de confrontación el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo”, dijo Arce el domingo, dirigiéndose a Morales en un mensaje por televisión. Hasta ahora todo intento de diálogo entre ambos ha resultado infructuoso y ambos líderes se han culpado mutuamente por la violencia desatada durante la marcha, que ha cobrado una treintena de heridos.

Arce acusó a Morales de movilizar a sus bases “solo por ambiciones personales”, mientras Morales señala a Arce de ser responsable de agravar la económica y de la división del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).

“El gobierno envió funcionarios y a la policía a agredir al pueblo”, dijo Morales en las afueras de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en la ultima parada antes de dirigirse a la capital.

Morales aceptó dialogar si Arce acudía a la marcha en plena carretera. El domingo dijo que su ingreso a La Paz se realizaría por varios ingresos a la ciudad. El lunes la plaza mayor donde están la casa de gobierno y el legislativo amanecieron cercadas por barras metálicas y una fuerte custodia policial que se extendía a cuadras a la redonda. Las labores escolares fueron suspendidas ante el temor de nuevos enfrentamientos entre bandos rivales.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, se ofreció a mediar en el conflicto y hacía esfuerzos para reunir a las partes. “Hay acercamientos”, dijo.

Es la más grave crisis que afronta el fracturado Movimiento al Socialismo (MAS) que gobierna el país desde hace 17 años. Arce y Morales se disputan el liderazgo y control del aparato partidario de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Es también la peor crisis política del país desde 2019 tras una polémicas elecciones denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que Morales buscaba una tercera reelección lo que provocó un estallido social con 37 muertos que obligó a Morales a dimitir y salir al exilio.

AP Foto/Juan Karita)

By  ASSOCIATED PRESS

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase a manos de militares en México, otra de las controvertidas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzó el jueves en la Cámara de Diputados al aprobarse el texto en lo general gracias a la mayoría de dos tercios que tienen el oficialismo y sus socios.

El debate de los detalles de la iniciativa proseguía pero, previsiblemente, los diputados dejarían la reforma aprobada en todos sus términos en las siguientes horas pese a las críticas de los partidos de oposición que votaron en contra. Después pasará al Senado para su debate.

El partido gobernante Morena y sus aliados insisten en llevar adelante el proyecto pese a las críticas de opositores y el cuestionamiento de organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes creen que supondrá una mayor militarización de la seguridad pública. Tampoco consideran que resolverá el problema de violencia en el país.

La iniciativa forma parte de un paquete de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de López Obrador, el cual concluye el 30 de septiembre. La primera, y más polémica, fue la de la restructuración del Poder Judicial.

La actual prevé que la Guardia Nacional salga del control de la Secretaría de Seguridad y pase a ser manejada por el Ejército. La Guardia Nacional fue creada por el mandatario en 2019 con el objetivo de combatir la creciente violencia.

En el proyecto de reforma se prevé que las investigaciones penales estén en manos del Ministerio Público, pero también se dan atribuciones en esa materia a la Guardia Nacional, cuyo personal será de origen militar con formación policial. Más del 80% de los 130.000 integrantes de la Guardia Nacional provienen del Ejército y de la Marina, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Desde 2006, las fuerzas militares han cumplido un papel clave en México para mantener la seguridad en las calles. Ante las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos, organizaciones humanitarias y diferentes dependencias de Naciones Unidas han pedido al gobierno que retire a los soldados de las labores de seguridad pública.

La congresista opositora Patricia Mercado dijo en su cuenta de la red social X que su partido minoritario Movimiento Ciudadano tiene la convicción de que “la militarización no es la respuesta a los niveles de violencia que existen en el país”, e insistió en que la Guardia Nacional debe ser de carácter civil.

La reforma forma parte de un viejo anhelo de López Obrador, quien desde hace varios años se ha manifestado a favor de que la Guardia Nacional sea manejada por los militares, para garantizar el “profesionalismo, disciplina, honestidad” y evitar que el cuerpo se corrompa, como él ha asegurado que ocurrió con la desaparecida policía federal.

López Obrador sufrió el año pasado un revés en sus planes cuando la Suprema Corte de Justicia invalidó una iniciativa con el mismo planteamiento que había sido aprobada por la mayoría oficialista del Congreso en 2022. El máximo tribunal la dio de baja y dejó a la Guardia Civil bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Pese al rechazo del máximo tribunal y las críticas de activistas, opositores y organizaciones como Amnistía Internacional, López Obrador insistió en la reforma y la incluyó en un paquete de leyes que presentó en febrero ante el Congreso. La futura presidenta mexicana Claudia Sheinbaum también mostró su respaldo a la propuesta.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó el jueves al Congreso a no aprobar la reforma y solicitó, a través de su representante adjunto Jesús Peña Palacios, que en lugar de “profundizar un enfoque de predominio de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito”.

Entre las organizaciones humanitarias locales que han cuestionado la reforma está el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que el miércoles indicó en su cuenta de X que “será un paso sin retorno hacia la militarización”.

Ese centro expresó su preocupación de que no se diseñen controles civiles externos y extraordinarios a la actuación de los uniformados en las labores de seguridad pública, tal como lo estableció la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Asimismo, se otorga facultades al Ejecutivo para “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública”, un punto que también ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos, puesto que se extiende de manera indefinida la participación en labores de seguridad de las fuerzas armadas mexicanas. Éstas recibieron en el sexenio de López Obrador numerosas tareas y recursos que anteriormente eran manejados por el sector civil.

Como parte del proceso de transferencia, en la iniciativa se establece que la Sedena asumirá el presupuesto y recursos materiales de operación de la Guardia Nacional.

(A Foto/Eduardo Verdugo)

By  FABIOLA SÁNCHEZ

TIXTLA, México (AP) — Clemente Rodríguez ha estado documentando con tatuajes la larga búsqueda de su hijo desaparecido .

Primero, un dibujo a tinta de una tortuga —símbolo de la escuela de Christian Rodríguez, de 19 años— con una tortuga más pequeña sobre su caparazón. Luego, una imagen de la santa patrona de México, la Virgen de Guadalupe, acompañada del número 43. Más tarde, un tigre que representa la fuerza y ​​una paloma que representa la esperanza.

“¿De qué otra manera mi hijo sabrá que lo he estado buscando?”, preguntó Rodríguez. Para el desconsolado padre, el arte corporal es evidencia de que nunca dejó de buscar, una prueba que tal vez algún día podría mostrarle a su hijo.

El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un muchacho alto al que le encantaba la danza folklórica y que acababa de inscribirse en una escuela normal en el estado sureño de Guerrero, desapareció junto con 42 compañeros de clase. Desde entonces, cada año, el 26 de cada mes, Clemente Rodríguez, su esposa, Luz María Telumbre, y otras familias se reúnen en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y emprenden un largo viaje en autobús hasta la capital, Ciudad de México, para exigir respuestas.

Lo volverán a hacer la próxima semana, en el décimo aniversario de la desaparición de sus hijos.

Es duro, muy duro”, dijo Clemente Rodríguez.

Hay muchas preguntas y pocas respuestas.

Rodríguez y los demás padres no están solos. Los 43 estudiantes se encuentran entre las más de 115.000 personas que aún están desaparecidas en México, un reflejo de los numerosos crímenes sin resolver en un país donde, según activistas de derechos humanos, la violencia, la corrupción y la impunidad han sido la norma desde hace mucho tiempo.

A lo largo de los años, las autoridades han ofrecido distintas explicaciones. La administración anterior del presidente Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel de drogas local, y que los cuerpos fueron entregados a figuras del crimen organizado, quienes quemaron sus cuerpos en un basurero y arrojaron sus cenizas a un río. Un fragmento de hueso de uno de los estudiantes fue encontrado posteriormente en el río.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fuente del ataque, pero el actual Ministerio Público, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad creada específicamente para investigar la desaparición de los estudiantes, desmintieron la versión sobre la incineración de los cuerpos en un basurero. Acusaron a altos funcionarios de plantar el fragmento de hueso en el río para que encajara con su versión. También desenterraron pistas en un lugar diferente, incluidos fragmentos de hueso de uno de los pies de Christian.

Pero las familias aún no tienen respuestas concretas sobre lo que pasó con los estudiantes. Por su parte, Clemente Rodríguez está lejos de estar convencido de que su hijo esté muerto.

Padres emprenden una búsqueda desesperada de sus hijos

Poco después de la desaparición de los estudiantes, los padres tomaron cartas en el asunto y se lanzaron a buscar a sus hijos en pueblos remotos de montaña, a menudo controlados por pandillas. Allí se encontraron con otros que habían sido desplazados por la violencia. El miedo estaba por todas partes.

“Cuando salí de casa, nunca supe si regresaría con vida”, dijo Rodríguez.

Durante la búsqueda, Christina Bautista, la madre de 49 años del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, dice que unos desconocidos le dijeron que llevaban tres años buscando a un hijo y cinco a una hija. Ella había pensado que sería cuestión de semanas.

“No pude soportarlo y salí corriendo”, dijo. “¿Cómo podía haber tantos desaparecidos?”

Se encontraron decenas de cadáveres, pero no los de sus hijos.

Una década de lucha ha trastocado vidas

Una década de lucha para mantener vivo el caso ha trastocado la vida de los padres. Antes de la desaparición de su hijo, Rodríguez vendía jarras de agua desde la parte trasera de su camioneta y cuidaba una pequeña granja de animales en el pueblo de Tixtla, no lejos de la escuela. Telumbre vendía tortillas caseras cocinadas sobre fuego de leña.

Sin embargo, cuando los estudiantes desaparecieron, lo dejaron todo. Los padres vendieron o abandonaron sus animales, dejaron los campos desatendidos y confiaron a los abuelos el cuidado de otros niños.

Rodríguez, de 56 años, ha logrado reunir parcialmente su rebaño de ganado y ha plantado algo de maíz en la parcela de tierra de la familia. Sin embargo, el principal ingreso de la familia proviene de artesanías caseras que se venden en viajes a Ciudad de México: esteras tejidas con juncos; botellas de mezcal de elaboración local de un tío decoradas con hilo y caras de tigre de colores; y servilletas de tela bordadas por Telumbre.

A veces, Rodríguez, un hombre fornido y de voz suave, visita su tierra para pensar o para liberar su ira y su tristeza. “Me pongo a llorar, lo dejo todo ir”, dijo.

Padres encuentran apoyo y respeto en Ayotzinapa

Los padres también encuentran consuelo en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La escuela, que forma a estudiantes para enseñar en aldeas remotas y pobres, forma parte de una red de centros educativos rurales con una larga historia de activismo radical. Las paredes de la escuela están pintadas con lemas que exigen justicia para los estudiantes desaparecidos y también tienen murales en honor al Che Guevara y a Karl Marx.

Para las familias más pobres, Ayotzinapa ofrece una salida: los estudiantes reciben alojamiento, comida y educación gratis. A cambio, trabajan.

El ambiente tiene tintes militaristas: los nuevos estudiantes tienen la cabeza rapada y el primer año se trata de disciplina y supervivencia. Tienen la tarea de cuidar el ganado, sembrar campos y tomar el control de los autobuses para ir a las protestas en la capital. Los estudiantes que desaparecieron en 2014 fueron secuestrados de cinco autobuses que habían tomado en la ciudad de Iguala, 120 kilómetros al norte de la escuela.

Los padres de familia llegaron a Ayotzinapa poco a poco desde pueblos de las montañas. Se reunieron en la cancha de baloncesto de la escuela, una plataforma de concreto debajo de un pabellón donde 43 sillas aún sostienen fotografías de cada uno de los estudiantes desaparecidos.

En los años transcurridos desde entonces, se ha desarrollado una cierta codependencia. La lucha de la escuela por la justicia se ve alimentada por el dolor y la ira de los padres. Mientras tanto, los estudiantes de la escuela “son nuestro brazo fuerte”, dice Bautista. “Aquí es donde comenzó el movimiento”.

Los estudiantes tratan a los padres con respeto y cariño, saludándolos como “tía” o “tío” cuando pasan por las puertas vigiladas.

Otro encuentro termina en decepción y enojo.

A finales de agosto, Rodríguez y otros padres se reunieron por última vez con López Obrador, quien deja el cargo a finales de este mes.

El intercambio fue una grave decepción.

“En este momento, este gobierno es como el de Enrique Peña Nieto”, dijo Rodríguez. “Ha tratado de burlarse de nosotros” ocultando información, protegiendo al Ejército e insultando a los abogados de las familias, dijo.

López Obrador sigue insistiendo en que su gobierno ha hecho todo lo posible por encontrar respuestas. Cita decenas de arrestos, incluido el de un ex fiscal general acusado de obstruir la justicia. Sin embargo, ha restado importancia al papel de los militares. Hace años, López Obrador declaró que el secuestro de los estudiantes era un “crimen de Estado”, señalando la participación de las autoridades locales, estatales y federales, incluido el ejército.

Las familias se reunieron en julio con la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1 de octubre, pero ella no hizo promesas ni compromisos.

Después de la reunión de agosto, Rodríguez posó para un retrato en Palacio Nacional, con la mirada firme y el puño en alto.

Al igual que otros padres, promete seguir luchando.

“Durante estos 10 años hemos aprendido mucho sobre la ofuscación… la mentira”, afirmó Rodríguez. Las altas autoridades militares y gubernamentales “tienen las respuestas”, añadió.

“Pueden revelarlos”.

Por  MARÍA VERZA

(Foto AP/Felix marquez)

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Funcionarios estadounidenses y dominicanos arrestaron el miércoles a casi una docena de sospechosos después de que lanzaron una operación conjunta para acabar con una red regional de tráfico de drogas.

Funcionarios de la Agencia Antidrogas de República Dominicana y agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y del Comando Sur de Estados Unidos se desplegaron por todo el país caribeño antes del amanecer como parte de la operación.

Entre los detenidos se encuentran los presuntos cabecillas de la red que, según las autoridades, recibía drogas desde Sudamérica en la República Dominicana y el vecino Puerto Rico para luego enviarlas a Estados Unidos y Europa. Fueron identificados como Rafael Ynoa Santana e Isidoro Rotestán Clase.

No estaba claro de inmediato si tenían abogados.

Las autoridades dijeron que la red de narcotráfico es responsable de más de dos toneladas de drogas incautadas en República Dominicana.

(Video de AP filmado por Martin Adames)