
La dirigente peronista arremetió contra el organismo de crédito durante una ponencia realizada en la ciudad bonaerense de La Plata en la que también lanzó sus dardos contra el derechista Javier Milei, uno de los candidatos con mayor apoyo en las encuestas de cara a las elecciones generales de octubre, quien propone adoptar el dólar como moneda en el país sudamericano.
Según la exgobernante (2007-2015), el FMI ha sido “un lastre” histórico para Argentina y la inflación se disparó luego de que el gobierno del presidente Alberto Fernández firmó hace dos años un acuerdo con el organismo de crédito para refinanciar una deuda de unos 44.000 millones de dólares tomada por el gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).
La firma de ese pacto agudizó las diferencias de la dirigente, que representa al ala más izquierdista de Ejecutivo, con el presidente Fernández, con quien prácticamente no se habla.
La vicepresidenta acotó que revisar con el FMI distintos aspectos del acuerdo no significa “no pagar” lo que se debe. “Queremos fundamentalmente que se revisen las condicionalidades” que supuso ese pacto, que, según afirmó, impide emplear herramientas económicas para combatir problemas crónicos como la inflación.

La ofensiva incluyó el primer ataque contra la capital, Kiev, en casi dos meses, aunque no se informó de ningún objetivo alcanzado. La fuerza aérea ucraniana interceptó 11 misiles de crucero y dos aviones no tripulados sobre la ciudad, dijo el gobierno municipal.
Pero en Uman, a unos 215 kilómetros (134 millas) al sur de Kiev, dos misiles de crucero impactaron contra un edificio residencial de nueve plantas. Quince personas perdieron la vida, incluyendo dos niños de 10 años, explicó el Ministerio del Interior. Además, 17 personas resultaron heridas y tres menores fueron rescatados de entre los escombros, apuntó la policía nacional. Nueve personas fueron hospitalizadas.
El bombardeo no afectó a zonas próximas a las extensas líneas del frente ni a las zonas de combate activo del este, donde se libra una guerra de desgaste. En los 14 meses desde el inicio de la invasión, Moscú ha lanzado frecuentes ataques con misiles de largo alcance que suelen alcanzar zonas civiles indiscriminadamente.
Funcionarios ucranianos y analistas indicaron que estas operaciones forman parte de la estrategia deliberada de intimidación del Kremlin. Rusia ha negado que su ejército ataque objetivos civiles.
En Uman, los sobrevivientes relataron los momentos de pánico tras el ataque en plena madrugada.

Además de los más de 1.550 vehículos blindados, 230 carros de combate y otros equipos, los aliados han enviado “enormes cantidades de munición” al país y formaron y equiparon a más de nueve nuevas brigadas ucranianas, apuntó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Se estima que las nuevas brigadas están formadas por más de 30.000 soldados.
“Esto situará a Ucrania en una posición fuerte para seguir recuperando los territorios ocupados”, dijo Stoltenberg a reporteros en Bruselas.
Sus declaraciones se produjeron un día después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que él y su homólogo de China, Xi Jinping, mantuvieron una “larga y significativa” conversación telefónica en su primer contacto conocido desde que Rusia invadió su país vecino en febrero del año pasado.
Aunque Zelenskyy se mostró esperanzado por la llamada y los funcionarios occidentales celebraron la iniciativa de Xi, no parece que vaya a tener consecuencias inmediatas en las perspectivas de paz.

Funes, que vive en Nicaragua bajo la protección del presidente Daniel Ortega que en el 2019 le otorgó la nacionalidad nicaragüense para evitar su extradición, no está presente en el juicio en el que también es procesado su exministro de Seguridad, general David Munguía Payés.
Una reforma penal aprobada el 21 de septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que el proceso judicial puede continuar en ausencia.
El exmandatario no nombró abogado defensor pero de inmediato le fue asignado uno de oficio, quien se negó a dar declaraciones cuando los periodistas lo abordaron en el receso del juicio. El proceso contra Funes se reanudará, según lo indicado al declarar el receso, hasta la mañana del jueves donde el Ministerio Público seguirá presentando los alegatos contra los exfuncionarios.
Funes enfrenta cargos por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y, de ser encontrado culpable, podría recibir una condena de hasta 11 años de prisión, mientras que al general Munguía Payes, que enfrenta los mismos cargos, se le suma el delito de actos arbitrarios y podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.

Durante la audiencia de formulación de cargos contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, la Fiscalía presentó numerosos documentos que acreditan que tenía entre sus funciones salvaguardar y proteger a los migrantes y las instalaciones del instituto sin perjuicio de que lo hicieran también sus subordinados.
Argumentos similares se presentaron en la audiencia de uno de sus subalternos, Antonio Molina, director general encargado de los procesos de verificación migratoria, quien fue vinculado el martes a proceso por el mismo delito.
Uno de los argumentos es que en julio de 2022 ambos acusados recibieron fotografías de la ampliación de las instalaciones, en las que se constataba que el centro no contaba con las medidas básicas de seguridad como ventilación adecuada y zonas enrejadas, pero ninguno hizo nada.
Molina era garante de la seguridad y protección civil, según la fiscalía. Garduño tenía la facultad de ordenar su cierre o revisión.
El procesamiento a Molina fue recibido con preocupación por la defensa de los altos funcionarios, quienes consideraron que los argumentos jurídicos del juez no fueron “poco sostenibles”, indicó el abogado José Ariel Morales. El abogado no descarto que esa decisión “puede influir para mal” en el caso de Garduño porque probablemente se utilizarán argumentos similares, a pesar de que se trata de otro juez.
Ambos directivos están obligarse a presentarse periódicamente ante los tribunales para firmar y, además, el juez le prohibió a Molina salir del país sin autorización.
El Ministerio Público aspiraba a que Garduño fuera retirado del cargo por el “peligro latente” que podía suponer para la comunidad migrante en México pero el juez se negó.