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WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio la aprobación final el jueves a una propuesta de ley que agilizará un programa militar de préstamo y arriendo para proporcionar equipo estadounidense más rápidamente a Ucrania y otros países de Europa del Este para luchar contra la invasión rusa.
ABILENE, Texas, EE.UU. (AP) — Los republicanos emprendieron el jueves nuevos intentos para impedir que el gobierno del presidente Joe Biden cambie la forma en que se manejan las solicitudes de asilo en la frontera de Estados Unidos: Texas y Arizona pidieron a las cortes bloquear nuevos procedimientos que podrían decidir los casos de asilo en meses, en lugar de años.
Las demandas se inscriben en una semana ajetreada en torno a las políticas de inmigración del país. La Corte Suprema federal cuestionó una norma que obliga a los solicitantes de asilo a aguardar en México la resolución de sus procesos, y un juez federal de Luisiana suspendió temporalmente la eliminación gradual de las restricciones al asilo implementadas cuando comenzó la pandemia de COVID-19.
Ello tiene al gobierno federal defendiendo las modificaciones previstas a los programas de asilo en todos los frentes. Estas incluyen ahora nuevas normas que habilitarían a los funcionarios encargados del asilo para conceder o denegar las solicitudes, una autoridad que ha estado limitada a los jueces de inmigración para la gente que llega a la frontera con México.
Trece estados, todos con gobernadores o procuradores republicanos, se unieron a Arizona en una demanda interpuesta en Luisiana. Texas entabló una querella similar.
“Esto no es más que un intento radical de establecer un sistema que fomenta la inmigración ilegal y socava el estado de derecho”, manifestó el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich.
El secretario de Justicia del país, Merrick Garland, ha dicho que los nuevos procedimientos reducirán la carga en los tribunales de inmigración, que forman parte del Departamento de Justicia.
Leer más: EEUU: Estados republicanos piden bloquear cambios al asilo
HOUSTON (AP) — Los miembros de una comisión de la Cámara de Representantes de Texas presionaron el martes a un fiscal para que utilice su autoridad para detener la ejecución de una mujer latina cuya condena está siendo cuestionada en medio de crecientes dudas sobre si mató a golpes a su hija de 2 años.
Pero durante la audiencia, el fiscal de distrito del condado Cameron Luis Saenz se resistió en un principio a las peticiones de los legisladores para que solicitara a un juez que revocara la sentencia de muerte de Melissa Lucio, insinuando primero que no tenía el poder para hacerlo, y luego diciendo que no había ninguna razón legal para que actuara, ya que varias cortes de apelación todavía están considerando las peticiones en su caso.
Después declaró su convicción de que la ejecución se detendría.
“Creo que (la Corte de Apelaciones Penales de Texas) emitirá una suspensión y esa es la forma en que funciona el sistema”, declaró Saenz.
En la reunión realizada en Austin, los legisladores del Comité de Estudio Interino sobre la Reforma de la Justicia Penal expresaron su frustración por el hecho de que Saenz no haya ” presionado el botón de pausa” por sí mismo.
“Lavarse las manos para tomar esta decisión usted mismo para mí es muy sorprendente”, dijo el representante estatal Jeff Leach, el presidente de la comisión.
Saenz respondió que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de los abogados de Lucio de que había nuevas pruebas que la exonerarían.
“No me estoy lavando las manos. Me estoy ocupando de ello y hay que tomar decisiones difíciles. Ustedes no están de acuerdo conmigo, pero eso no significa que me esté lavando las manos”, dijo Saenz.
Leer más: Fiscal de Texas rechaza pedidos para detener una ejecución
AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Un miembro de la Guardia Nacional de Texas que murió ahogado en la frontera de Estados Unidos y México mientras estaba de servicio no contaba con un dispositivo de flotación cuando saltó al Río Bravo (o Grande) para ayudar a una migrante que tenía dificultades para cruzar nadando, indicaron autoridades estatales el miércoles.Leer más: Guardia de Texas que se ahogó no tenía equipo de flotación
SAN FRANCISCO (AP) — Un tribunal federal de apelaciones aceptó el martes volver a considerar un fallo que rechazaba una prohibición de California a las prisiones y centros de detención migratorios privados con fines de lucro, la primera de su tipo en Estados Unidos.
La Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito ordenó una nueva audiencia ante un panel de 11 jueces, reportó el periódico San Francisco Chronicle.
En octubre del año pasado, un panel de apelación de tres jueces ratificó una pieza clave del sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo - a pesar de una ley estatal de 2019 cuyo objetivo era eliminar gradualmente las cárceles de inmigración privadas en California para 2028.
La ley se aprobó como parte de los numerosos intentos de los demócratas de California para limitar la cooperación del estado con el gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración durante la presidencia de Donald Trump.
Sin embargo, el panel de apelación dictaminó por 2-1 que la ley estatal interfiere con la autoridad del gobierno federal. La decisión del martes anuló ese fallo y ordenó una nueva audiencia ante un panel más amplio que incluirá a la jueza presidenta Mary Murguia.
Murguia emitió el voto discrepante el año pasado. Dijo que la ley fue impulsada por los informes sobre “condiciones deficientes, atención médica inadecuada, agresiones sexuales y muertes en instalaciones con fines de lucro”.
La jueza fue designada a su cargo por el expresidente Barack Obama mientras que los otros dos miembros del panel de apelación fueron nombrados por Trump.
El gobierno del presidente demócrata Joe Biden también se ha opuesto a la ley por motivos constitucionales, aunque Biden firmó una orden ejecutiva el año pasado para que el gobierno ponga fin al uso de este tipo de prisiones en el futuro.