TALLAHASSEE, Florida (AP) — En el día 105 de lo que se suponía sería una sesión de 60 días, los legisladores de Florida dieron la aprobación final a un presupuesto estatal más reducido por un total de 115.100 millones de dólares, lo que marca el final de una temporada legislativa que estuvo definida en gran medida por enfrentamientos entre partidos en la capital dominada por los republicanos .

El nuevo presupuesto carece de algunas de las principales prioridades de los líderes legislativos y del gobernador republicano Ron DeSantis, siendo 500 millones de dólares menos que el presupuesto propuesto por el gobernador y 3.500 millones de dólares menos que el total ajustado del año pasado, un objetivo de los legisladores conservadores centrado en reducir el gasto estatal en medio de preocupaciones de una desaceleración económica más amplia .

Los líderes legislativos del estado habían debatido durante semanas sobre propuestas rivales de recortes de impuestos, presionando inicialmente por un amplio alivio del impuesto a las ventas para los floridanos comunes antes de decidirse por un paquete que beneficia principalmente a las empresas.

"No considero que esto, en el día 105, sea un fracaso", dijo el presidente republicano del Senado, Ben Albritton. "Nos esforzamos al máximo".

El presupuesto ahora pasa al gobernador, quien tiene el poder de vetar partidas individuales y es conocido por recortar los planes de gasto de los legisladores.

He aquí un vistazo al presupuesto de Florida en cifras.

Un presupuesto de 115 mil millones de dólares

Mientras tormentas políticas y tropicales se ciernen en el horizonte, los líderes legislativos de Florida han minimizado en gran medida las preocupaciones sobre cómo las políticas económicas agresivas e impredecibles del presidente Donald Trump podrían afectar el presupuesto del estado, incluso cuando se compromete a eliminar gradualmente la agencia federal que responde a los huracanes y otros desastres que azotan al estado.

Pero los legisladores han tomado medidas para apuntalar las reservas, mientras los meteorólogos advierten de una temporada de huracanes más activa de lo habitual y los economistas se preocupan por las guerras comerciales de Trump y una amplia propuesta para recortar los impuestos y el gasto federal.

Los legisladores elaboraron un presupuesto de acuerdo y un paquete de recortes de impuestos que, según el personal legislativo, ahorraría a los contribuyentes y reduciría los ingresos estatales en aproximadamente $1.3 mil millones anuales. También han tomado medidas para reservar $750 millones adicionales al año para emergencias, a la espera de la aprobación de los votantes.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Daniel Pérez, dijo que aumentar las reservas significa “estar preparados para lo inesperado”.

“Ninguno de nosotros sabe qué nos depara el futuro”, afirmó Pérez.

750 millones de dólares al año

La legislatura presentó una propuesta de enmienda constitucional que destinaría $750 millones anuales —o una cantidad equivalente a hasta el 25% de los ingresos generales del estado, lo que sea menor— a un fondo de reserva que los legisladores solo podrían usar para emergencias. La medida debe ser aprobada por el 60% de los votantes de Florida para implementarse.

La última vez que los funcionarios estatales recurrieron al fondo de estabilización presupuestaria fue en 2008, cuando la Gran Recesión azotó con fuerza la economía de Florida, fuertemente impulsada por el turismo y el desarrollo. Aumentar las reservas es una medida prudente, afirmó el presidente republicano del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Lawrence McClure, y otra forma de recortar el gasto estatal.

“Estamos haciendo esto para estar realmente preparados ante una situación de emergencia”, dijo McClure.

Los demócratas han llamado al fondo de reserva una "caja de seguridad" y dijeron que los legisladores deberían mantener los fondos a mano para apoyar a los floridanos necesitados, en un momento en que muchos residentes no pueden pagar sus viviendas y las escuelas y las prisiones están luchando por mantener al personal en el trabajo.

Desgravaciones fiscales para familias e intereses corporativos

La Cámara de Representantes de Florida había propuesto inicialmente reducir el impuesto general sobre las ventas del estado del 6% al 5,25%. Una propuesta rival en el Senado estatal proponía una exención fiscal para las compras de ropa inferiores a $75. En cambio, la mayor exención fiscal aprobada por los legisladores fue para las empresas, al eliminar el impuesto estatal sobre la renta empresarial. También aprobaron recortes de impuestos para diversos grupos de interés, como casinos, aerolíneas y la NASCAR.

Los residentes de Florida recibirán alivio del impuesto a las ventas sobre suministros para huracanes, protector solar y repelente de insectos, y una exención de impuestos sobre ropa y útiles escolares cada agosto.

4 mil millones de dólares para vales escolares

Los legisladores estatales están destinando $4 mil millones a becas para educación privada y religiosa , dos años después de que la Legislatura expandiera el programa estatal de vales para que todos los estudiantes de primaria y secundaria fueran elegibles , independientemente de sus ingresos familiares. Desde entonces, el gasto indirecto del estado en matrículas de escuelas privadas y educación en casa ha aumentado drásticamente, lo que, según advierten los críticos, está agotando el presupuesto estatal.

Más de 2.200 empleos estatales eliminados

Parte del esfuerzo de los legisladores estatales para reducir lo que consideran un exceso de presupuesto gubernamental consiste en eliminar 2238 puestos vacantes en agencias estatales, desde el Departamento de Salud hasta el Departamento de Niños y Familias. Muchos de los puestos que se están eliminando llevan tres meses vacantes.

Si bien el número de empleos estatales se reduce, los trabajadores estatales recibirán un aumento general del 2%, mientras que los agentes del orden público y los bomberos estatales recibirán un aumento total del 10% y un aumento del 15% si han estado en el trabajo durante al menos cinco años.

3 millones de dólares para la detención de inmigrantes en cárceles locales

La Legislatura también está destinando $3 millones en subvenciones para las cárceles locales que han contratado al gobierno federal para apoyar las medidas de control migratorio. Florida se ha apresurado a ayudar a la administración Trump a implementar su programa de deportaciones masivas y ahora lidera el país en cuanto al número de agencias locales y estatales que se han unido al gobierno federal para delegar a sus oficiales la aplicación de las leyes migratorias.

Kate Payne es miembro del cuerpo de periodistas de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.

Kate Payne escribe sobre gobierno estatal y educación, y reside en Tallahassee, Florida. Es miembro del equipo de Report for America.

(Foto AP/Rebecca Blackwell, Archivo)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ordenó el domingo a los funcionarios federales de inmigración que prioricen las deportaciones de las ciudades controladas por los demócratas, una medida que ocurre después de que estallaran grandes protestas en Los Ángeles y otras ciudades importantes contra las políticas de inmigración del gobierno de Trump.

En una publicación en las redes sociales, Trump pidió a los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos “que hagan todo lo que esté a su alcance para lograr el objetivo muy importante de implementar el programa de deportación masiva más grande de la historia”.

Agregó que para alcanzar la meta, los funcionarios “deben ampliar los esfuerzos para detener y deportar a los inmigrantes ilegales en las ciudades más grandes de Estados Unidos, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, donde residen millones y millones de inmigrantes ilegales”.

La declaración de Trump llega después de semanas de una mayor aplicación de la ley, y después de que Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y principal arquitecto de las políticas de inmigración de Trump, dijera que los oficiales de ICE apuntarían a al menos 3.000 arrestos por día, frente a los 650 por día durante los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.

Al mismo tiempo, la administración Trump ha ordenado a los funcionarios de inmigración que pausen los arrestos en granjas, restaurantes y hoteles , después de que Trump expresó su alarma sobre el impacto que la aplicación agresiva de la ley está teniendo en esas industrias, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto que habló solo bajo condición de anonimato.

Las protestas por las redadas de las fuerzas federales de inmigración han estallado en todo el país.

Los opositores a las políticas de inmigración de Trump salieron a las calles el sábado como parte de las manifestaciones “sin reyes” que se produjeron mientras Trump realizaba un desfile masivo en Washington por el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos.

Las protestas del sábado fueron en su mayoría pacíficas.

Pero la policía de Los Ángeles utilizó gases lacrimógenos y municiones antidisturbios para dispersar a los manifestantes una vez finalizado el evento.

Los oficiales en Portland, Oregón, también dispararon gases lacrimógenos y proyectiles para dispersar a una multitud que protestaba frente a un edificio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos hasta bien entrada la noche.

Trump hizo un llamado a reforzar la aplicación de la ley en las ciudades controladas por los demócratas en las redes sociales mientras se dirigía a la cumbre económica del Grupo de los Siete en Alberta, Canadá.

El domingo por la noche, mientras salía de la Casa Blanca hacia el G7, sugirió a los periodistas que su decisión de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles fue la razón por la que las protestas en esa ciudad se desarrollaron pacíficamente.

“Si no tuviéramos a la Guardia Nacional lista y de guardia, destrozarían Los Ángeles”, dijo Trump.

El cambio también se produce en un momento en que Trump está lidiando con el impacto que su esfuerzo de deportación masiva está teniendo en industrias clave que dependen de trabajadores que se encuentran en el país ilegalmente.

Trump publicó el jueves en su sitio Truth Social que escuchó de las industrias hotelera, agrícola y de ocio que su "política muy agresiva sobre inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y de larga trayectoria" y prometió que se harían cambios.

Ese mismo día, Tatum King, un funcionario de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, escribió a los líderes regionales diciéndoles que detuvieran las investigaciones de la industria agrícola, incluidos los empacadores de carne, así como de los restaurantes y hoteles, según el funcionario estadounidense.

AAMER MADHANI cubre la Casa Blanca para The Associated Press. Tiene su sede en Washington.

(Foto AP/Mark Schiefelbein)

VENTURA, California, EE.UU. (AP) — Las redadas migratorias a gran escala en empacadoras y campos en California están amenazando a las empresas que suministran a Estados Unidos gran parte de los alimentos que consume, de acuerdo con las asociaciones agrícolas.

Docenas de trabajadores agrícolas han sido arrestados recientemente después de que agentes federales uniformados se desplegaran en plantaciones al noroeste de Los Ángeles, en el condado de Ventura, conocido por el cultivo de fresas, limones y aguacates.

Otros no acuden a trabajar debido al miedo que se ha extendido entre las comunidades de inmigrantes, mientras el presidente, Donald Trump, intensifica su campaña contra la migración con la promesa de aumentar drásticamente los arrestos. Envió agentes federales a efectuar detenciones en estacionamientos de Home Depot y en lugares de trabajo, incluyendo lavaderos de autos y una fábrica de ropa. Además, el mandatario desplegó tropas de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles tras las protestas contra sus operaciones de control migratorio. Las manifestaciones se han repetido en otras ciudades del país.

Maureen McGuire, directora ejecutiva de la oficina agrícola del condado de Ventura, afirmó que entre el 25 y el 45% de los trabajadores han dejado de presentarse a trabajar en los campos desde el inicio de las redadas a gran escala este mes.

“Cuando nuestra fuerza laboral tiene miedo, los campos quedan sin cosechar, las empacadoras se retrasan y las cadenas de suministro del mercado, desde las tiendas de comestibles locales hasta los minoristas nacionales, se ven afectadas”, dijo en un comunicado el jueves. “Esto afecta a todo estadounidense que coma”.

California, un importante centro agrícola de EEUU

Las explotaciones agrícolas californianas producen más de un tercio de las verduras del país y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos. Aunque el gobierno estatal está en manos de los demócratas, en los territorios dedicados al cultivo hay grandes áreas republicanas y muchos agricultores en toda la región confiaban en la ayuda de Trump en cuestiones clave que van desde el agua hasta el comercio.

Primitiva Hernández, directora ejecutiva de 805 UndocuFund, estimó que al menos 43 personas fueron detenidas en el campo en los condados de Ventura y Santa Bárbara desde el lunes. La cifra procede tanto del consulado mexicano como de las propias estimaciones del grupo tras hablar con familiares de los arrestados, explicó.

Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, apuntó que su asociación recibió reportes de detenciones de migrantes en explotaciones tan al norte como el Valle Central de California. Lucas Zucker, codirector ejecutivo de la Alianza de la Costa Central Unida por una Economía Sostenible, dijo que los trabajadores agrícolas les comunicaron que los agentes acudieron a al menos nueve granjas, pero fueron rechazados por los supervisores porque no tenían orden judicial.

“Esto es simplemente un ataque masivo a una comunidad inmigrante de clase trabajadora y es, en esencia, discriminación”, afirmó Zucker. “No persiguen a personas concretas que sean realmente el objetivo. Están buscando a ciegas”.

En respuesta a preguntas sobre este tipo de detenciones, la secretaria adjunta de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que la agencia seguirá las instrucciones del presidente y continuará tratando de expulsar a los inmigrantes que hayan cometido delitos.

Trump reconoce las preocupaciones de los agricultores

El presidente reconoció el jueves la preocupación de los agricultores porque la intensificación de la aplicación de la ley migratoria pueda dejarlos sin la mano de obra de la que dependen para cultivar los alimentos para el país. Dijo que se haría algo para abordar la situación, pero no proporcionó detalles específicos.

“Nuestros grandes agricultores y personas en el sector hostelero y de ocio han estado afirmando que nuestra muy agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy buenos y con mucha experiencia, y que esos puestos son casi imposibles de reemplazar”, dijo en su cuenta de redes sociales. “Debemos proteger a nuestros agricultores, pero sacar a los CRIMINALES de Estados Unidos. ¡Se avecinan cambios!”.

La Oficina Agrícola de California dijo que no ha recibido informes de una interrupción generalizada en la fuerza laboral, pero apuntó que entre los miembros de la comunidad hay preocupación. Bryan Little, director de defensa de políticas de la entidad, afirmó que llevan tiempo presionando para una reforma migratoria que aborde la enquistada escasez de mano de obra.

“Entendemos que algunos trabajadores pueden sentirse inseguros en este momento y queremos ser muy claros: la agricultura de California depende y valora a su mano de obra”, dijo Little en un comunicado. “Si la actividad federale de control migratorio continúa en esta dirección, será cada vez más difícil producir alimentos, procesarlos y llevarlos a los estantes de las tiendas”.

Trabajador agrícola teme por sus hijos

Un trabajador, que pidió no ser identificado por miedo, contó que estaba recolectando fresas en una explotación en el condado de Ventura el martes temprano cuando más de una docena de autos llegaron a la propiedad de al lado. Según su relato, arrestaron al menos a tres personas y las metieron en camionetas, mientras las trabajadoras lloraban. Los supervisores del terreno en el que trabajaba él no permitieron la entrada de los agentes, añadió.

“Lo primero que me vino a la mente fue ¿quién se quedará con mis hijos?”, dijo el trabajador, que es natural de México y lleva dos décadas viviendo en Estados Unidos, en español. “Es algo muy triste y desafortunado porque no somos criminales”.

Señaló que no fue a trabajar el miércoles por miedo y que sus jefes le dijeron que se quedara en casa al menos un día más hasta que se calme la situación. Pero eso significa que la fruta no se está recogiendo y él no está cobrando.

“Son días perdidos, días que no trabajamos. Pero, ¿qué más podemos hacer?”, se preguntó.

Taxin informó desde Santa Ana, California.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

DORANY PINEDA writes about water, climate and the environment in Latino communities across the U.S.

(AP Foto/Damian Dovarganes)

POR  AMY TAXIN and DORANY PINEDA

Un juicio programado por un panel de tres jueces comenzará el lunes en Winston-Salem por acusaciones de que los líderes legislativos republicanos violaron la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos cuando promulgaron nuevos mapas electorales en el noveno estado más grande en octubre de 2023. Los líderes republicanos responden que consideraciones legalmente partidistas, y no raciales, ayudaron a informar su toma de decisiones.

Estas líneas se utilizaron en las elecciones de 2024, tras las cuales los republicanos mantuvieron la mayoría en la Asamblea General y revirtieron tres escaños en la Cámara de Representantes de EE. UU. que ocupaban demócratas en ejercicio que no buscaron la reelección porque decidieron que la nueva estructura del distrito imposibilitaba la victoria. Estas reversiones de escaños, que transformaron una delegación de 7-7 en una con una ventaja republicana de 10-4, ayudaron al Partido Republicano a mantener un estrecho control de la Cámara, lo que ha impulsado la agenda del presidente Donald Trump.

Un fallo favorable a los demandantes podría obligar a los republicanos a redefinir los mapas para las elecciones de 2026, lo que dificultaría mantener su ventaja partidista. De lo contrario, los distritos podrían utilizarse hasta las elecciones de 2030.

¿Quién está demandando y qué alega?

El juicio involucra dos demandas presentadas a fines de 2023.

En una demanda , la NAACP de Carolina del Norte, Common Cause y varios residentes negros presentaron una demanda por la modificación de los mapas de la Cámara de Representantes y el Senado estatales y de los distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. La otra demanda, presentada por casi 20 votantes negros y latinos, se centró en los nuevos distritos congresionales , cuatro de los cuales, según argumentan, constituyen manipulaciones raciales ilegales.

Los fallos previos al juicio de esta primavera y los litigios enmendados desestimaron las impugnaciones al mapa de la Cámara estatal y limitaron los argumentos del Senado estatal a un puñado de distritos.

Aun así, ambas demandas alegan que las líneas electorales están tan sesgadas a favor de los candidatos republicanos que muchos votantes negros no pueden elegir a sus candidatos preferidos, lo que viola la Ley de Derecho al Voto. Alegan que los cartógrafos introdujeron o dispersaron los bloques de votantes negros, que históricamente han favorecido a los demócratas, en distritos circundantes con mayoría blanca, beneficiando así a los republicanos.

Señalan una región donde se ubican las ciudades de Greensboro, High Point y Winston-Salem. Dijeron que los republicanos dividen la concentrada población votante negra de la región en varios distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. La entonces representante Kathy Manning, demócrata de Greensboro, decidió no presentarse nuevamente debido a que su distrito se desplazó hacia la derecha.

Los demandantes también alegan que los cartógrafos republicanos discriminaron intencionalmente a los votantes negros y latinos.

Republicanos: La redistribución de distritos se consideró política, no raza

En un escrito previo al juicio, los abogados de los líderes republicanos dicen que los legisladores utilizaron reglas de elaboración de mapas que prohibían usar datos que identificaran la raza de los votantes, de acuerdo con los fallos sobre mapas de redistribución de distritos anteriores de Carolina del Norte en los que los jueces los reprendieron por enfatizar la raza.

En cambio, los republicanos pudieron usar legalmente datos partidistas, como los resultados de las elecciones estatales, para elaborar los nuevos mapas, afirmaron los abogados. Citan una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2019 y una decisión de la Corte Suprema estatal de abril de 2023 que neutralizaron las denuncias legales de manipulación partidista ilegal de los distritos electorales.

Los demandantes replican que la “clasificación racial” dentro de los distritos cuestionados no puede explicarse únicamente por la política.

¿Quién está escuchando el caso y cuándo habrá un fallo?

Los tres jueces fueron nominados al tribunal por presidentes republicanos: la jueza del 4º Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, Allison Rushing (Donald Trump), y los jueces de distrito Thomas Schroeder (George W. Bush) y Richard Myers (Trump).

El panel ha reservado varios días para un juicio que no finalizará hasta el 9 de julio. Entre los posibles testigos se incluyen demandantes individuales, legisladores estatales, expertos en redistribución de distritos e historiadores. No se espera una decisión inmediata; las partes legales tienen hasta principios de agosto para presentar alegatos adicionales.

El fallo del tribunal puede ser apelado. Dado que la presentación de candidaturas para las elecciones de 2026 comienza el 1 de diciembre, cualquier reorganización necesaria deberá completarse a finales del otoño para evitar interrupciones electorales.

Historia de la redistribución de distritos

Carolina del Norte tiene una larga historia de litigios de redistribución de distritos en tribunales federales.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictó fallos en casos emblemáticos de las décadas de 1980, 1990 y 2000 relacionados con el sesgo racial y el grado en que las consideraciones raciales podían utilizarse para formar distritos electorales que favorecieran la elección de candidatos negros. La decisión de la corte de 2019 sobre la manipulación partidista de los distritos electorales se originó en un caso de Carolina del Norte.

Los mapas actuales se dibujaron después de que la Corte Suprema del estado, con una mayoría de escaños republicanos, esencialmente anuló los fallos que la corte emitió en 2022 cuando tenía una mayoría demócrata.

Hay otras dos demandas pendientes que impugnan los límites del distrito de 2023.

Las contiendas estatales en Carolina del Norte están reñidas, y los demócratas han dominado la gobernación durante la mayor parte de los últimos 30 años. Sin embargo, los republicanos controlan la Asamblea General —y, por ende, la redistribución de distritos— desde 2011. Los mapas de redistribución de distritos no pueden ser bloqueados por el veto de un gobernador.

Por  Gary D. Robertson

(Foto AP/Hannah Schoenbaum,Archivo)