
Polonia asegura que desde el verano un creciente número de refugiados y migrantes tratan de entrar al país desde Bielorrusia. La frontera entre las dos naciones forma parte de la frontera oriental de la Unión Europea, quien acusa al régimen de Minsk de alentar la inmigración ilegal para crear inestabilidad en Occidente.
El enfrentamiento político alcanzó una nueva cota esta semana tras la llegada a la frontera de un gran grupo de migrantes, la mayoría de ellos de Oriente Medio. Algunos trataron de cruzar por la fuerza y cientos, posiblemente miles, más siguen en campamentos improvisados al aire libre con temperaturas gélidas, lo que agrava las preocupaciones humanitarias.
Durante la noche se produjeron nuevos intentos de entrada a Polonia, incluyendo uno con un grupo de 150 personas, explicó Bartosz Grodecki, viceministro de Interior, el jueves en una entrevista con la televisora estatal Polsat.
Según Grodecki, las autoridades polacas creen que podría haber otro intento de entrar al país por la fuerza en la noche del jueves. Muchos de los agentes de policía que vigilarán la Marcha de la Independencia en Varsovia serán enviados a la zona justo después del acto, añadió.

Las 39.676 nuevas infecciones registradas por el Instituto Robert Koch superaron la anterior marca, los 37.120 casos del viernes. Según la institución, la tasa de contagios alemana subió a 232,1 por cada 100.000 residentes en los últimos siete días.
“En este momento tenemos una situación de emergencia real”, afirmó Christian Drosten, jefe de virología en el Hospital Charité de Berlín, con respecto a la situación en muchas unidades de cuidados intensivos en todo el país. “Tenemos que hacer algo ahora mismo”.
Las autoridades alemanas han repetido que no tienen intención de decretar cuarentenas y en su lugar han pedido a la población que se vacune.
Alemania está regido por un gobierno interino después de las elecciones federales de septiembre. Los partidos que se espera que formen el próximo gobierno tienen previsto presentar una ley esta semana que permitiría que la declaración de “situación epidémica de alcance nacional” de marzo de 2020 termine a final de mes y proporcione un nuevo marco legal para medidas contra el coronavirus.

Incómodo por los gritos que se lanzaban los legisladores, Arce pronunció un discurso duro y de confrontación con la “derecha golpista” que lideró el “gobierno de facto” de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) . “Vivimos tiempos de incertidumbre y una crisis profunda producto de la ruptura del orden constitucional que devino en masacres, pero hemos vuelto a la estabilidad y a la senda del crecimiento”, dijo.
Arce llegó al gobierno con un contundente triunfo electoral para superar la crisis política tras las fallidas elecciones de 2019 denunciadas por fraudulentas, lo que que provocó un estallido social con 37 muertos y precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. El país depósito su esperanza en Arce por sus credenciales como “cerebro” del milagro económico del gobierno de Morales, de quien fue ministro de Economía.
La oposición acusa a Arce de haber reactivado la polarización política a la sombra de Morales, líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), con una persecución judicial a opositores y el encarcelamiento y procesamiento de Áñez y de más de 50 políticos, policías y militares que lideraron las protestas de 2019. En tanto, la Fiscalía archivó el juicio por supuesto fraude electoral.
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La lucha contra la corrupción liderada por la administración de Andrés Manuel López Obrador ha tenido luces y sombras, pero si en algo coinciden los analistas es que uno de los aciertos fue el empuje de la oficina que investiga delitos financieros con quien fuera su titular hasta el lunes, Santiago Nieto, que acaba de dejar su cargo por el escándalo que ha rodeado su boda.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mostró músculo en los últimos años con la congelación de cuentas tanto de presuntos narcotraficantes como de políticos y empresarios, algunos afines al partido oficialista. Pero acabar con la corrupción supone algo más que señalar actividades sospechosas o conservar una imagen pública sin tacha: lo vital es lograr que la justicia actúe sobre los responsables de esos delitos.
Nieto celebró una lujosa boda el pasado fin de semana en Guatemala a la que algunos invitados llegaron en un avión privado con miles de dólares en efectivo y que costó el puesto a otra funcionaria. Aunque no hubo acusaciones directas en su contra, su imagen quedó cuestionada y el lunes puso su renuncia a disposición del presidente después de que López Obrador le mandara un mensaje muy claro: “Es un asunto escandaloso, en efecto, aun cuando se trata de un acto privado”.
A pesar de la polémica, el trabajo de su departamento ha sido uno de los más alabados por analistas.

La acusación fue aprobada por 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones y ahora deberá ser tramitada por el Senado, que tiene facultades para destituir al mandatario, que fue acusado de infringir la Constitución y las leyes y de comprometer el honor de la nación por supuestamente favorecer la venta de una propiedad familiar durante su primer mandato (2010-2014). Los senadores tienen un máximo de seis días para iniciar la tramitación.
La oposición de centroizquierda necesitaba 78 votos de los 155 del pleno para admitir el juicio político y aunque tiene 83 votos en la Cámara, varios votaron en contra.
Para alcanzar los sufragios que necesitaban, el socialista Jaime Naranjo, presentador de la acusación, leyó por 14 horas una serie de documentos sobre el tema para hacer tiempo hasta que llegara a la sala el diputado Giorgio Jackson, quien estaba en cuarentena y debió esperar hasta la medianoche del lunes, cuando concluía su confinamiento por ser contacto estrecho de otro parlamentario contagiado con COVID-19, para trasladarse a la sede del Congreso.
“Hay gente que cree que lo ocurrido ayer y hoy en esta Cámara es vergonzoso, pero yo creo que lo vergonzoso es tener un presidente que especula”, con los negocios, dijo Jackson poco antes de sufragar.
Su colega oficialista Andrés Molina señaló que, “hemos visto una sesión que a mí, en lo personal, me da vergüenza (...) aquí nadie escuchó nada. Una vez más hemos dado un tremendo espectáculo”.
“Hemos visto un show político, un show mediático, es triste para la democracia”, dijo el ministro de la Presidencia, Juan José Ossa, tras conocerse la admisión del juicio político contra Piñera.
El gobierno y varios diputados oficialistas criticaron que el parlamentario opositor Jorge Sabag, que está a la espera del resultado de un PCR acudiera al Congreso, al que entró por un costado para evitar a las autoridades sanitarias que lo esperaban en la puerta. Le habían indicado que se aislará hasta conocer si el examen es positivo o no.
Ya en la madrugada del martes intervino por más de cuatro horas el defensor de Piñera, el abogado Jorge Gálvez, que dijo a al pleno que, “le asiste el deber de partir investigando, no puede partir por deducir una acusación constitucional que no ha investigado”.
La oposición necesitará el apoyo de 29 de los 43 senadores para destituir al mandatario. Sólo tiene 24 votos y se estima que no conseguirá los cinco que le faltan.
La acusación de 16 diputados izquierdistas surgió luego de que se dieran a conocer los llamados Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional que reveló negocios en paraísos fiscales de más 300 personas, entre ellas Piñera.