
Las fuerzas talibanes han perseguido a exagentes utilizando los registros de empleo del gobierno y atacaron a quienes se rindieron y recibieron cartas garantizando su seguridad, añadió el informe. En algunos casos, comandantes talibanes locales elaboraron listas de personas que podrían ser perseguidas alegando que cometieron actos “imperdonables”.
“El patrón de asesinatos ha sembrado terror en todo Afganistán, ya que nadie asociado con el anterior gobierno puede sentirse seguro de haber escapado a la amenaza de represalias”, señaló Human Rights Watch en el documento.
El Talibán se hizo del poder el 15 de agosto, cuando entró a la capital, Kabul, tras el colapso del gobierno respaldado por la comunidad internacional. La caída de Kabul coronó una impresionante ofensiva insurgente, que incluyó la conquista de varias ciudades mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas se retiraban del país tras casi 20 años de guerra. Desde entonces, los talibanes han enfrentado el colapso de la economía del país y una insurgencia cada vez más letal del grupo extremista Estado Islámico.
Las fuerzas talibanes han atacado también a gente sospechosa de respaldar a la milicia radical en la provincia de Nangarhar, en el este del país, que es su principal bastión, señala el reporte. En la capital de la región, Jalalabad, el martes se registró una feroz balacera de 8 horas cuando los talibanes catearon un supuesto escondite de EI, según testigos. El subjefe de policía de la provincia, Tahir Mobariz, señaló que durante el tiroteo un hombre y una mujer que estaban en la casa detonaron chalecos suicidas y murieron en la explosión, y que una tercera persona falleció por disparos. Dos presuntos insurgentes fueron detenidos, apuntó.