Lider opositoraBOGOTÁ, Colombia (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado instó el martes al presidente de Colombia a ser decisivo y reconocer la victoria de su facción en las disputadas elecciones presidenciales de julio en su país.
El mensaje de Machado al presidente Gustavo Petro, aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro, se produjo en un discurso virtual que pronunció durante una sesión ordinaria del Senado de Colombia. El discurso fue parte de un esfuerzo por aumentar la presión internacional sobre Maduro para que deje el cargo en enero 
“Al Gobierno de Colombia, en especial al Presidente Petro: es momento de decisiones”, dijo desde un lugar no revelado. “El silencio ya no es una opción ante lo que está sucediendo en Venezuela. La transición es inevitable y con la participación de su gobierno, como lo hemos dicho, estamos dispuestos a avanzar en una negociación constructiva que se base en el respeto a la soberanía popular expresada por los venezolanos el 28 de julio”.
Machado no ha sido vista en público durante aproximadamente dos meses. Se escondió por temor a ser arrestada.
Las autoridades electorales leales al partido gobernante declararon a Maduro ganador de las elecciones horas después del cierre de las urnas, pero no publicaron un desglose de los resultados como lo habían hecho en elecciones presidenciales anteriores. Afirmaron que no podían divulgar la información detallada porque su sitio web había sido hackeado.
Sin embargo, la principal coalición opositora, liderada por Machado, obtuvo las actas de escrutinio de más del 80% de las urnas electrónicas que se utilizan en todo el país y las publicó en línea. El martes, la canciller colombiana destacó ante los senadores colombianos que las actas de escrutinio muestran que el candidato opositor Edmundo González derrotó a Maduro por una amplia mayoría y pidió su apoyo para hacer realidad la transición de gobierno.
“A ustedes, honorables senadores, les pido que sean garantes de nuestra victoria y sean la voz de quienes hoy enfrentamos la represión más atroz y despiadada”, dijo tras citar ejemplos de acciones del gobierno tras los comicios , incluida la detención y presunta tortura de decenas de menores.
El próximo período presidencial de Venezuela comienza el 10 de enero.
En los días posteriores a las elecciones, Petro, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador –todos izquierdistas y amigos de Maduro– se involucraron en el impasse electoral venezolano para intentar un esfuerzo de paz. Pero no llegó a nada, y desde entonces Maduro ha consolidado su gobierno , reorganizó su gabinete y encarceló a más de 2.000 opositores .
Mientras tanto, González, un ex diplomático, abandonó Venezuela en septiembre para exiliarse en España después de que se emitiera una orden de arresto en su contra en relación con una investigación sobre la publicación en línea de las actas de recuento de votos.
Machado también destacó el martes el impacto potencial en Colombia de otro mandato de seis años de Maduro como presidente. Bajo la presidencia de Maduro, dijo, “no habrá paz en Colombia” porque ha convertido a Venezuela “en un santuario para las operaciones de grupos guerrilleros criminales” con raíces en Colombia.
Un asunto crucial en la agenda de Petro desde que asumió el cargo en 2022 es lograr acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y los grupos rebeldes Segunda Marquetalia, ambos que operan a lo largo de la frontera con Venezuela. El gobierno de Maduro aceptó ser garante en los procesos de paz, pero las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional se estancaron a principios de este año.
 (Foto AP/Matias Delacroix, Archivo)
Canal PanamaEL JOBO, Panamá (AP) — Un largo bote de madera avanzaba por las aguas color chocolate del río Indio y llevaba a Ana María Antonio y a una colega de la Autoridad del Canal de Panamá en una misión para escuchar de primera mano a los vecinos que podrían verse afectados por los planes de embalsar el río.
El canal es la espina dorsal de la economía panameña, y la represa propuesta garantizaría el agua necesaria para asegurar que el canal opera de forma ininterrumpida ante un clima cada vez más errático.
También inundaría poblados, en los que unas 2.000 personas tendrían que ser reubicadas y hay oposición al plan, además de limitar el flujo del río a otras comunidades río abajo.
Los que viven río abajo saben que el enorme proyecto cambiará el río de forma sustancial, pero esperan que traiga empleos, agua potable, electricidad y carreteras a sus poblaciones remotas, en lugar de simplemente empobrecerles.
“Nosotros entendemos como Canal de Panamá que muchas de estas áreas tienen un abandono en cuanto a servicios básicos, algunos servicios relacionados con salud, con educación”, dijo Antonio.
El canal
El Canal de Panamá se completó en 1914 y genera en torno a un cuarto del presupuesto del gobierno.
La autoridad del Canal redujo el año pasado el número de barcos que podían cruzar cada día en aproximadamente un 20% porque las lluvias no habían rellenado los embalses utilizados para operar las compuertas, que necesitan unos 189 millones de litros (50 millones de galones) de agua dulce para cada barco. Eso produjo demoras en las entregas, y que en algunos casos las empresas buscaran alternativas. Para cuando se levantaron las restricciones este mes, la demanda había caído.
Para evitar que eso se repita debido a un sequía agravada por el cambio climático, se ha reactivado el plan de embalsar el río Indio.
La iniciativa ganó fuerza este verano con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hacía años que Panamá quería construir otra represa para complementar el suministro principal de agua del lago Gatún, un gran lago artificial que forma parte de la ruta del canal, pero una regulación de 2006 prohibió que el canal se expandiera fuera de su ruta tradicional. La decisión de la Corte Suprema permitió reinterpretar los límites.
El río fluye más o menos paralelo al canal, a través del istmo. El nuevo embalse se ubicaría al suroeste del lago Gatún y se sumaría al agua que procede de allí, y que procede del mucho más pequeño lago Alhajuela, al este. El embalse del Indio permitiría entre 12 y 13 cruces adicionales del canal al día.
Las represas también proporcionan agua a las más de dos millones de personas, la mitad de la población del país, que viven en la capital.
El río
Los monos chillaban en la densa jungla que rodea el Indio en una mañana de agosto. El bote pasaba entre troncos sumergidos bajo las casas de concreto y madera sin tratar que se alzaban sobre las orillas. Gente local pasaba en otros botes, el principal medio de transporte en la zona.
En la localidad de El Jobo, Antonio y su colega ascendieron cuidadosamente la orilla embarrada del río hasta una sala propiedad de la parroquia católica local, decorada con flores y racimos de bananas verdes.
Dentro, residentes de El Jobo y Guayabalito, dos poblaciones que no se inundarán, ocuparon sus asientos. La autoridad del canal ha realizado docenas de reuniones informativas similares en la cuenca.
Los representantes del canal desplegaron carteles con mapas y fotos que mostraban la cuenca del Indio. Hablaron sobre la propuesta de proyecto, la reciente decisión de la Corte Suprema, una estimación aproximada de los plazos.
Antonio dijo que los representantes del canal hablan con los residentes afectados para determinar su s necesidades, especialmente si proceden de las 37 aldeas donde los habitantes tendrán que ser reubicados.
Las autoridades del canal han dicho que el Indio no es la única solución que barajan, pero apenas unos días antes, el administrador del canal, Ricaurte Catín Vásquez, dijo que sería la opción más eficiente porque se ha estudiado durante al menos 40 años.
Es casi el mismo tiempo que Jerónima Figueroa de 60 años, ha vivido junto al Indio en El Jobo. Además de ser la gran conexión de transporte de la zona, el río proporciona agua para beber, lavar la ropa y regar sus cultivos, explicó.
“Ese río es nuestra carretera y nuestro todo”, dijo.
El efecto de la represa en el caudal del río era la principal preocupación de los vecinos reunidos, junto con por qué hace falta el embalse, para qué se utilizaría el agua, qué comunidades tendrían que desplazarse, cómo se manejarían los títulos de propiedad y si la construcción contaminaría el río.
“Ya nuestro río no va a ser el mismo río Indio”, resumió Puria Núñez, de El Jobo.
Progreso
Kenny Alexander Macero, un padre de 21 años que cría ganado en Guayabalito, dijo que para él está claro que el embalse dará mucho dinero al canal, pero quería que supusiera cambios reales para su familia y otras personas en la zona.
“Yo no estoy en contra del proyecto, eso va a generar mucho empleo para la gente que lo necesita, pero que sean sinceros, que digan ‘vamos a llevarles proyectos a las comunidades que viven en ese lugar’”, dijo. “Queremos carreteras. No nos vengan a engañar, sean claros y precisos”.
By  ALMA SOLÍS
(AP Foto/Matias Delacroix)
Una complicación es que si bien las autoridades del canal estarían a cargo del proyecto del embalse, el gobierno federal tendría que encargarse de los grandes proyectos de desarrollo de la región. Y los federales no estaban en la sala.
El proyecto no es una garantía de que habrá otros beneficios. Hay poblaciones junto al lago Gatún que no tienen agua potable.
Gilberto Toro, un consultor de desarrollo de comunidades que no participa en el proyecto del canal, dijo que en realidad la gente confía más en la administración del canal que en el gobierno federal de Panamá, porque no se ha visto envuelto en tantos escándalos.
“Todo el mundo sabe que los trabajos del canal vienen con sello de garantía, entonces muchos quisieran de repente tener algún tipo de negociación con el canal porque saben que lo que le van a ofrecer a cambio no va a ser baratijas”, explicó.
Figueroa expresó una confianza similar en los administradores del canal, pero dijo que los vecinos tendrían que vigilarlo de cerca para asegurarse de que no son ignorados. “No podemos seguir así como estamos viviendo todavía, en un atraso muy grande, no contamos con luz, agua, con salud y educación”, dijo.
Siguientes pasos
El presidente, José Raúl Mulino, ha dicho que la decisión sobre el río Indio se tomará el año que viene. En definitiva decidirá la administración del canal, pero el proyecto requeriría coordinación con el gobierno federal. No hace falta celebrar una consulta pública, aunque el administrador del canal ha dicho que busca un consenso público.
Ha aparecido oposición, lo que no es sorprendente, en las comunidades que quedarían inundadas.
Una de ellas es Limón, donde los representantes del canal estacionaron su auto y subieron a un barco para llegar a El Jobo. Es donde se construiría la represa. La autopista no llegó allí hasta hace dos años, y la comunidad aún tiene muchas necesidades.
Hace un año que Olegario Hernández colocó un cartel contra los embalses delante de su casa en Limón.
El campesino de 86 años nació allí y crio a sus seis hijos allí. Todos sus hijos se han marchado de la zona en busca de oportunidades, pero Hernández quiere quedarse. Él siente que no tienen por qué irse, afirmó, pero la administración del canal quiere echarles.
By  ALMA SOLÍS
(AP Foto/Matias Delacroix)
Bincklen EEUUTEL AVIV, Israel (AP) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó el martes a Israel para su 11ma visita a la región desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Washington espera reanudar los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego tras el asesinato del líder de Hamás, Yahya Sinwar, aunque por el momento todos los bandos parecen atrincherados en sus posiciones.
Israel sigue en guerra con Hamás más de un año después del ataque encabezado por el grupo insurgente el 7 de octubre, y con Hezbollah en Líbano, donde a principios de mes inició una invasión terrestre. Además, se espera que responda a Irán luego de su ataque con misiles balísticos el 1 de octubre.
Blinken aterrizó en suelo israelí horas después de que el grupo político-paramilitar libanés lanzó una andanada de proyectiles hacia el centro del país y su aeropuerto internacional, que no habría causado heridos ni daños materiales.
El ejército israelí dijo que interceptó la mayoría de los cinco proyectiles, y uno cayó en una zona despoblada. Al mismo tiempo, se dispararon alrededor de 15 proyectiles desde Líbano hacia el norte de Israel, agregó.
Por otra parte, la cifra de fallecidos en un ataque aéreo israelí que destruyó varios edificios frente a uno de los principales hospitales de Beirut ascendió a 13 personas. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que el operativo del lunes en la noche causó también 57 heridos, siete de ellos con un pronóstico crítico.
Los ataques causaron importantes daños en el Hospital Universitario Rafik Hariri, el mayor centro público del país, que está a las afueras del sur de la capital, añadió.
El ejército explicó que atacó un objetivo de Hezbollah, aunque no ofreció más detalles, e indicó que no había atacado el hospital en sí.
Blinken se centrará en Gaza
Antes de la visita, el Departamento de Estado indicó que Blinken se centrará en el final de la guerra en Gaza, en conseguir la liberación de los rehenes en manos de Hamás y en aliviar el sufrimiento de la población civil palestina.
Según el vocero del Departamento, Matthew Miller, Blinken subrayará también la necesidad de aumentar de forma drástica la cantidad de ayuda humanitaria que entra al sitiado enclave palestino, algo que el funcionario y el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, dejaron claro en una carta enviada a funcionarios israelíes la semana pasada.
La misiva recordó a Israel que el gobierno del presidente Joe Biden podría verse obligado por ley a recortar algunas formas de ayuda militar si el país sigue obstaculizando el reparto de ayuda humanitaria.
Las anteriores visitas de Blinken no lograron poner fin a las hostilidades, pero sí consiguió incrementar las entregas de ayuda a la Franja.
Estados Unidos, Egipto y Qatar han mediado durante meses en las conversaciones entre Israel y Hamás, intentando alcanzar un acuerdo por el que los insurgentes liberen a las docenas de rehenes que siguen cautivos a cambio del final de la guerra, un alto el fuego duradero y la puesta en libertad de presos palestinos.
Pero tanto Israel como Hamás se acusaron mutuamente de plantear exigencias nuevas e inaceptables durante el verano, y los contactos se estancaron en agosto. Hamás dijo que la muerte de Sinwar no ha modificado sus peticiones.
EEUU e Irán intensifican los contactos antes de esperado ataque de Israel
Se espera que Blinken se reúna con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y con otros altos cargos. Después viajará a varios países árabes, entre los que posiblemente estarán Jordania, Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha estado recorriendo la región en los últimos días para tratar de recabar apoyos ante la amenaza de las represalias israelíes. En declaraciones desde Kuwait el martes, apuntó que los países del golfo Pérsico le habían garantizado que no permitirán que se utilice su territorio para ningún ataque de Israel.
“Todos los vecinos nos han asegurado que no permitirán que su tierra y su espacio aéreo se utilicen contra Irán”, manifestó Araghchi, según la agencia noticiosa estatal IRNA. “Esto es lo que se espera de todos los países amigos y vecinos y lo que consideramos un signo de amistad”.
Algunos países de la región, como Emiratos y Qatar cuentan con importantes instalaciones militares, y preocupa que una guerra regional pueda salpicarlos. Irán ha prometido repetidamente que responderá a cualquier ataque israelí.
Continúa la guerra en Líbano y el norte de Gaza
Washington ha intentado negociar también una tregua entre Israel y Hezbollah, pero esos esfuerzos fracasaron ante el aumento de las tensiones el mes pasado tras una serie de ataques israelíes que acabaron con el líder del grupo, Hassan Nasrallah, y la mayoría de sus altos mandos.
Israel está llevando a cabo otra gran operación en el ya arrasado norte de Gaza y en las dos últimas semanas ha matado a cientos de palestinos, según las autoridades de salud locales.
En Líbano, ha perpetrado oleadas de intensos ataques aéreos en el sur de Beirut y en el sur y el este del país, zonas donde Hezbollah tiene una fuerte presencia. El grupo, por su parte, disparó cientos de cohetes, misiles y aviones no tripulados hacia Israel, incluyendo algunos que llegaron al centro del país.
El 7 de octubre de 2023, insurgentes encabezados por Hamás asaltaron el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a otras 250 como rehenes. Cerca de un centenar siguen cautivos en Gaza, y se cree que un tercio de ellos habrían muerto.
Israel respondió con una ofensiva que se ha cobrado la vida de más de 42.000 palestinos y dejó decenas de miles de heridos en Gaza, según las autoridades de salud locales, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes. La guerra ha arrasado grandes zonas del territorio y desplazó alrededor del 90% de sus 2,3 millones de habitantes.
Chehayeb informó desde Beirut, Líbano.
FARNOUSH AMIRI
Farnoush is a congressional reporter.
TIA GOLDENBERG
Goldenberg is an Associated Press reporter and producer covering Israel and the Palestinian territories. She previously reported on East and West Africa from Nairobi.
KAREEM CHEHAYEB
Chehayeb is an Associated Press reporter in Beirut.
(AP Foto/Hussein Malla)
Expresidente ToledoLIMA, Perú (AP) — El expresidente de Perú Alejandro Toledo fue sentenciado el lunes a 20 años y seis meses de prisión en un caso que involucra al gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se convirtió en sinónimo de corrupción en toda América Latina , donde pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno y otros.
Las autoridades acusaron a Toledo de aceptar 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de permitir la construcción de una autopista en el país sudamericano. La Sala Superior Nacional de Justicia Penal Especializada de la capital, Lima, impuso la sentencia tras años de disputas legales, incluida una disputa sobre si Toledo, que gobernó Perú entre 2001 y 2006, podía ser extraditado desde Estados Unidos .
La jueza Inés Rojas dijo que las víctimas de Toledo fueron peruanos que “confiaron” en él como presidente. Rojas explicó que en ese rol, Toledo estaba “a cargo de administrar las finanzas públicas” y era responsable de “proteger y asegurar el correcto” uso de los recursos. En cambio, dijo, “defraudó al Estado”.
Agregó que Toledo “tenía el deber de actuar con absoluta neutralidad, proteger y preservar los bienes del Estado, evitando su abuso o explotación”, pero no lo hizo.
Odebrecht, que construyó algunos de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina, admitió ante las autoridades estadounidenses en 2016 haber comprado contratos gubernamentales en toda la región mediante generosos sobornos. La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio lugar a pesquisas en varios países, entre ellos México, Guatemala y Ecuador.
En Perú, las autoridades acusaron a Toledo y a otros tres expresidentes de recibir pagos de la gigante constructora. Afirmaron que Toledo recibió 35 millones de dólares de Odebrecht a cambio del contrato para construir 650 kilómetros de una carretera que unirá Brasil con el sur de Perú. Se estimó inicialmente que ese tramo de la carretera costaría 507 millones de dólares, pero Perú terminó pagando 1.250 millones de dólares.
En un momento dado, Rojas leyó partes del testimonio de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, quien dijo a los fiscales que el ex presidente lo llamó hasta tres veces después de dejar el cargo para exigirle que le pagara. Toledo bajó la mirada y se miró las manos mientras Rojas leía los comentarios cargados de improperios que Barata le contó a los fiscales.
Toledo ha negado las acusaciones en su contra. Su abogado, Roberto Siu, dijo a los periodistas tras la audiencia que apelarán la sentencia.
El expresidente sonrió con sorna el lunes y a veces se rió, en particular cuando la juez mencionó sumas multimillonarias que son fundamentales para el caso y cuando tuvo dificultades para leer las transcripciones y otras pruebas del caso. Durante toda la audiencia, también se inclinó por su derecho a hablar con su abogado.
En cambio, la semana pasada pidió al tribunal con la voz quebrada y las manos juntas, como si estuviera rezando, que le permitieran regresar a casa aduciendo su edad, cáncer y problemas cardíacos.
Toledo, de 78 años, fue arrestado por primera vez en 2019 en su casa de California, donde vivía desde 2016, cuando regresó a la Universidad de Stanford, su alma mater, como profesor visitante para estudiar educación en América Latina. Inicialmente estuvo recluido en régimen de aislamiento en una cárcel del condado al este de San Francisco, pero fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y al deterioro de su salud mental.
Fue extraditado a Perú en 2022 luego de que un tribunal de apelaciones denegara una impugnación a su extradición y se entregara a las autoridades. Desde entonces permanece bajo prisión preventiva.
Rojas dijo que Toledo recibirá crédito por el tiempo cumplido a partir de abril de 2023. Cumplirá el resto de su condena en una prisión en las afueras de Lima que fue construida específicamente para albergar a expresidentes peruanos.
El fiscal José Domingo Pérez tras la audiencia calificó la sentencia como “histórica” y dijo que demuestra a los peruanos que “los delitos y la corrupción se castigan”.
Odebrecht cambió su nombre a Novonor en 2020.
García Cano informó desde la Ciudad de México.
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Por  FRANKLIN BRICEÑO y REGINA GARCÍA CANO
(Foto AP/Guadalupe Pardo)
Mexico marchaTAPACHULA, México (AP) — Un grupo de unos 2.000 migrantes partió el domingo de la frontera sur de México con la esperanza de llegar al norte del país y, en última instancia, a Estados Unidos. El hecho se produce semanas antes de las elecciones presidenciales estadounidenses, en las que la inmigración ha sido un tema clave.
Algunos migrantes, como el venezolano Joel Zambrano, creen que una nueva administración en Estados Unidos podría poner fin a las citas de asilo a través de un sistema en línea llamado CBP One.
“Eso es lo que nos da miedo. Dicen que esto podría cambiar porque podrían cerrar tanto la cita de CBP One como todos los servicios que están ayudando a los migrantes”, dijo.
Tanto la falta de empleos en el sur de México debido a una nueva ola de extranjeros que llegan como el retraso en las citas de asilo en Estados Unidos han motivado a más grupos de migrantes a abandonar la región en el último mes.
“La situación en mi país es muy mala, el presidente no hace nada por nosotros. Estuvimos una semana en la frontera, pero conseguir documentos lleva tiempo”, dijo el hondureño Roberto Domínguez, de 48 años. “Los documentos que nos dan son sólo para estar en Tapachula y no podemos salir de la ciudad”.
El grupo que salió el domingo fue el tercero y el más grande desde el inicio del gobierno de la nueva presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora no ha realizado cambios en las políticas migratorias establecidas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Grupos de 800 y 600 migrantes abandonaron la región a principios de octubre.
El activista Luis García Villagrán estima que unos 40.000 migrantes se encuentran actualmente varados en el sur de México.
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(Video de AP: Raúl Salvador Mendoza)

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