
La invasión rusa de Ucrania provocó un aluvión de nuevas sanciones financieras el jueves. Estas medidas buscan aislar, castigar y empobrecer a Rusia en el largo plazo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció restricciones en las exportaciones a Rusia y medidas contra sus bancos y empresas estatales.
Pero Biden restó importancia a la necesidad de bloquear a Rusia del SWIFT, señalando que aunque “siempre” será una opción, “ahora mismo esta no es una posición que el resto de Europa quiera adoptar”. Además, el mandatario sugirió que las medidas adoptadas tienen más fuerza.
“Las sanciones que hemos impuesto exceden al SWIFT”, afirmó Biden en respuesta a una pregunta el jueves. “Vamos a mantener una conversación en mes, más o menos, para ver si están funcionando”.
Algunos así, algunos líderes europeos, incluso en Gran Bretaña, están a favor de dar el paso adicional de bloquear a Rusia en SWIFT, un consorcio con sede en Bélgica empleado por bancos y otras instituciones financieras y que sirve como una línea de comunicaciones clave para el comercio en todo el mundo. El año pasado, el sistema SWIFT envió un promedio de 42 millones de mensajes diarios para realizar pagos. Su nombre es el acrónimo de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales), y alrededor de la mitad de los pagos de alto valor transfronterizos pasan por esta plataforma.
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Aseguran mostrar aviones de combate rusos que son derribados o a ciudadanos ucranianos que se refugian en sus propias casas.
Algunas son imágenes reales y espeluznantes de esta guerra. Otras llevan años rondando por internet, desde antes de que Rusia lanzara el mayor ataque contra un país europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
La invasión de Ucrania se perfila como el primer gran conflicto armado de Europa en la era de las redes sociales, en que la pequeña pantalla del smartphone es la herramienta de comunicación dominante, lo que conlleva el peligro de una difusión instantánea de desinformación peligrosa, incluso mortal.
Los vídeos de TikTok, los titulares de noticias cargados de propaganda y los tuits que circulan por las pantallas de todo el mundo confunden a millones de personas acerca de la realidad de esta batalla sobre el terreno.
En Telegram y Twitter, el ataque de Rusia a Ucrania fue tanto “no provocado” como “necesario”, dependiendo del emisor del mensaje.
“Las oraciones del mundo están con el pueblo de Ucrania esta noche mientras sufren un ataque no provocado e injustificado por parte de las fuerzas militares rusas”, tuiteó el miércoles por la noche el presidente Joe Biden a sus 40 millones de seguidores.
Los medios de comunicación estatales rusos, sin embargo, repetían los comentarios del presidente ruso Vladimir Putin a través de sus plataformas, y RT News comunicó a cientos de miles de seguidores en Telegram que la acción era “necesaria”.

Ministros conservadores y liberales de la Corte Suprema reconocieron durante argumentaciones en el máximo tribunal que un gobierno entrante puede cambiar políticas. Es lo que el gobierno del presidente Joe Biden hizo con la norma de “carga pública”, la cual denegaba la entrega de tarjetas de residencia a inmigrantes que utilizan cupones de alimentos u otras prestaciones públicas.
La cuestión para la corte no gira propiamente en torno a la legalidad de la ahora difunta normativa de la era de Trump, sino si un grupo de estados encabezados por Arizona pueden asumir la lucha jurídica a favor de la disposición.
La jueza Elena Kagan planteó al procurador de Arizona, Mark Brnovich —quien presentó los argumentos a nombre del grupo de estados_, que permitir al grupo intervenir en un caso “que está completamente muerto y que en primer lugar jamás se aplicó a ustedes” no es la respuesta. “Quienquiera que sea el gobierno federal, siempre habrá un estado que considere que ha hecho lo incorrecto”, señaló. Otros magistrados plantearon que podría ser factible un derecho limitado a intervenir.
Kagan, por su parte, preguntó si el gobierno de Biden se había equivocado por maniobrar con prontitud para desechar rápidamente la disposición de la era de Trump, en lugar de optar por un proceso más largo. El ministro Samuel Alito dijo que el gobierno había diseñado una estrategia para hacer rápidamente a un lado la normativa y que él no está al tanto “de un precedente en el que un gobierno entrante haya actuado en forma similar”.

Varios centenares de personas se congregaron en un estacionamiento del frío y ventoso pueblo de Adelanto, en el desierto de Mojave, antes de que más de una veintena de camiones y otros vehículos ingresaran a la carretera. Se desconoce cuántos pretenden hacer el viaje completo.
“A los camioneros del mundo: Ahora es su momento de inconformarse. Ahora es su momento para dar paso a un tiempo de renacimiento de la libertad”, dijo el camionero y organizador de la protesta Brian Brase. “No se dobleguen”.
Varios vehículos de la caravana llevaban carteles con consignas como “Legalicen la libertad” y “Déjenles respirar”.
Fue una de varias caravanas en Estados Unidos organizadas en internet e inspiradas por las recientes protestas de camioneros en Canadá, que bloquearon cruces fronterizos con Estados Unidos y asediaron las calles de Ottawa durante semanas. Las caravanas tienen puntos de partida, fechas y rutas diferentes.
Los organizadores del grupo en Adelanto emitieron una declaración en la que la llamaron la “Caravana del Pueblo”, e indicaron que es multicultural y apartidista, aunque había banderas del expresidente Donald Trump en el mitin.
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Pero había un lado oculto: el trabajo sucio de ser soldado. Los reclutas lanzaban granadas activas a los cañones del “Callejón Mortero”, rociaban productos químicos jabonosos en pozos de combustión de chatarra y de solventes, y vaciaban toxinas en el drenaje y en tanques con fugas que enterraron bajo tierra.
Cuando llovía, los venenos se percolaban en los acuíferos de los que extraían agua para beber.
A lo largo de los años, los soldados y civiles que vivían en la base del Ejército de Estados Unidos no cuestionaron si el agua corriente era segura para beber.
Pero en 1990, cuatro años antes de que comenzara el proceso de su cierre como base de entrenamiento militar, el Fuerte Ord (o Fort Ord) fue agregado a la lista de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los lugares más contaminados de la nación. Incluidos en dicha contaminación había docenas de productos químicos —algunos de los cuales ahora se sabe que causan cáncer— encontrados en el agua potable y el suelo de la base.
Décadas después, varios veteranos de Fort Ord que fueron diagnosticados con diferentes tipos de cáncer —especialmente trastornos sanguíneos raros— plantearon la pregunta en Facebook: ¿Hay más de nosotros?
Pronto, el grupo creció a cientos de personas que habían vivido o servido en Fort Ord y estaban preocupadas de que sus problemas de salud pudieran estar relacionados con las sustancias químicas del lugar.