
La decisión del mandatario de solicitarle a Ucrania investigar a un rival político propició que los demócratas en la Cámara de Representantes emprendieran la investigación que podría derivar en un juicio político y los detractores del mandatario equiparan su abrupta determinación de retirar a las fuerzas estadounidenses del norte de Siria con arrojar un cerillo encendido en un barril de pólvora.
Ambas medidas reflejan una creciente confianza de Trump por hacer más caso de su intuición por encima de sus asesores en política exterior y seguridad nacional, lo que ha puesto nerviosos a aliados y envalentonado a enemigos de Estados Unidos. Donde Trump considera atractivo para los electores oponerse al estamento de la política exterior convencional con vistas a los comicios del año entrante, sus detractores ven a un mandatario que apuesta con la seguridad nacional y anulando el valor de la palabra de Estados Unidos en el escenario global
Como reacción, Trump ha presentado una obstinada resistencia pese a las críticas bipartidistas en ambos casos.
El mandatario asegura que no hizo nada malo en su interacción telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy _en la cual se centra la pesquisa para iniciar el proceso de destitución_ una conversación que sonó las alarmas en todo el aparato de la política exterior.
En la llamada, Trump solicitó a Zelenskiy que investigara a una compañía vinculada con Hunter Biden, hijo de su rival político Joe Biden, y examinara la propia implicación de Ucrania en los comicios presidenciales estadounidenses de 2016. Colaboradores de Trump expresaron su preocupación de que el mandatario estuviera haciendo mal uso de su autoridad presidencial cuando hizo esa petición y los abogados de la Casa Blanca ordenaron guardar el memorando que documenta la llamada en una red informática utilizada típicamente para operaciones encubiertas a fin de mantenerlo en secreto.

La Casa Blanca se negó a revelar el mensaje del presidente, pero un portavoz de la familia dejó entrever que pudieron haber quedados decepcionados con las palabras del mandatario.
“Concluye la reunión con el presidente Trump”, tuiteó el vocero Radd Seiger. “Revisaremos la situación y determinaremos a la brevedad los siguientes pasos, cuando demos más comentarios. Entre tanto, continúa la búsqueda de justicia para Harry”, publicó con el hashtag #Justice4Harry.
Harry Dunn, de 19 años, murió en agosto cuando su motocicleta chocó con el auto que aparentemente conducía Anne Sacoolas, la esposa del diplomático estadounidense, afuera de una base de la fuerza aérea británica en el sur de Inglaterra que es utilizada por el ejército de Estados Unidos.
Sacoolas salió de Gran Bretaña poco después del incidente, aunque la policía difundió un comunicado en el que señaló que previamente les dijo a las autoridades que no tenía intención de dejar el país. Se desconoce de momento su paradero actual.
Los padres de Dunn han presionado por el regreso de Sacoolas al país y el lunes sostuvieron una conferencia de prensa en Nueva York para exponer su caso. Charlotte Charles, madre de Dunn, le pidió entre lágrimas que “haga lo correcto” y “enfrente a una familia destrozada”, y al sistema legal del Reino Unido.
- Detalles
- Operador 3
- Noticias E.E.U.U
- 1786

Al mismo tiempo, Hunter Biden reconoció que no tuvo en cuenta las posibles consecuencias de su trabajo para la carrera política de su padre.
En una entrevista que la cadena ABC prevé transmitir en las próximas horas, Hunter Biden reconoció que pudo haber cometido un error “centro del panorama más amplio” por no tener en cuenta las repercusiones políticas. Pero añadió:
“¿Cometí algún error debido a una falta ética? De ninguna manera”.
Trump y los republicanos han atacado a Hunter Biden por su trabajo en Ucrania y China, aunque no existen pruebas de que haya cometido alguna falta. En una llamada telefónica el 25 de julio, Trump presionó al gobierno ucraniano para que investigue a los Biden.
- Detalles
- Operador 3
- Noticias E.E.U.U
- 1717

Los jueces manifestaron el martes su escepticismo en torno a una apelación constitucional a la composición de la junta de supervisión, que tendría repercusiones para más de 100.000 millones de dólares en deuda y para el futuro económico de la isla. Fondos especulativos que invirtieron en bonos puertorriqueños encabezan la causa en contra de la junta.
Un tribunal menor falló en febrero que el nombramiento de los miembros de la junta fue inconstitucional porque no fueron confirmados por el Senado.
El presidente selecciona a los siete miembros con derecho a voto de la junta. Estos y otros integrantes designados por el gobernador aprueban presupuestos y planes fiscales delineados por el gobierno de la isla. También maneja casos parecidos a bancarrota que permiten que el territorio estadounidense reestructure sus deudas.
El juez Samuel Alito preguntó irónicamente si es “demasiado cínico” pensar que los fondos especulativos estaban más interesados en el dinero en juego que en la apelación constitucional que presentaron.
La junta de supervisión y el gobierno del presidente Donald Trump apelaron el fallo de la Corte Federal de Apelaciones de Boston. Parecía haber apoyo substancial para sus argumentos de que la composición de la junta no está regida por la cláusula de la Constitución sobre nombramientos, sino por otra cláusula que le da al Congreso un control significativo sobre los territorios ultramarinos estadounidenses, entre los que se incluye a Puerto Rico.

Las instituciones con sede en Washington se mantuvieron prácticamente en silencio durante los 10 días que manifestantes paralizaron a la nación sudamericana en protestas contra un importante alza a los precios de los combustibles.
El FMI rehusó efectuar comentarios el lunes, un día antes de presentar su pronóstico global de crecimiento económico como parte de la reunión otoñal que celebrará esta semana en la capital estadounidense.
Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se disponía a celebrar una sesión extraordinaria la tarde del martes para recibir al canciller ecuatoriano José Valencia.
El canciller someterá a consideración de los países miembros de la OEA un proyecto de declaración, en la que OEA respalda la decisión de Moreno de derogar el decreto, condena los actos de violencia en los últimos días y rechaza acciones destinadas a desestabilizar al gobierno y “cualquier interferencia extranjera”.
El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, se pronunció la semana pasada condenando el destrozo y saqueo de bienes públicos y el secuestro de policías y militares, y al mismo tiempo llamó al gobierno ecuatoriano a garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica.