TOCUYITO, Venezuela (AP) — El gobierno de Venezuela liberó el sábado a algunas de las miles de personas que fueron detenidas durante y después de las protestas que dejaron muertos tras las elecciones presidenciales de julio. Los cuestionados resultados han generado desprecio internacional entre los funcionarios, incluido el presidente Nicolás Maduro.

Los detenidos salieron de prisión un día después de que el fiscal general, afín al partido gobernante, anunciara la revisión de 225 casos vinculados a las consecuencias de las elecciones, que Maduro y el candidato opositor Edmundo González afirman haber ganado. En las afueras de las cárceles de varias ciudades se produjeron emotivas reuniones.

Las organizaciones no gubernamentales con sede en Venezuela Foro Penal y Observatorio Venezolano de Prisiones anunciaron las excarcelaciones el día X. El primero confirmó la liberación de al menos 70 personas, mientras que el segundo dijo que el gobierno liberó a los individuos bajo ciertas condiciones, que no explicó más.

Miembros de las fuerzas armadas escoltaron por un puente peatonal a los excarcelados de la ciudad de Tocuyito, en el norte de Venezuela. Algunos de los detenidos se arrodillaron y levantaron los brazos tras bajar las escaleras. Dos detenidos ayudaron a un tercero que no podía caminar por sí solo y que luego se desplomó en los brazos de un familiar mientras sollozaba.

“¡Hijo mío, gracias, Señor, gracias!”, dijo una mujer mientras abrazaba a su hijo con un brazo y levantaba el otro hacia el cielo.

Imágenes compartidas en redes sociales por el Observatorio Venezolano de Prisiones muestran a mujeres abrazando entre lágrimas a sus seres queridos afuera de otra prisión en el país sudamericano. La organización calificó las liberaciones como una “victoria” y exigió que todos los que siguen en prisión por su papel en las elecciones y las actividades posteriores sean liberados.

El gobierno de Maduro ha sido duramente criticado por la falta de transparencia de las elecciones y la represión desatada después de ellas , incluidas las detenciones de líderes políticos, abogados, trabajadores electorales, voluntarios electorales y manifestantes, tanto menores como adultos.

Las protestas estallaron después de que las autoridades electorales de Venezuela declararan que Maduro había ganado las elecciones del 28 de julio y alegaran que no podían publicar los resultados de los distritos electorales porque su sitio web había sido hackeado. Al mismo tiempo, la principal coalición opositora anunció que había obtenido actas de recuento de votos de más del 80% de las máquinas de votación electrónica utilizadas en todo el país, las había publicado en línea y había declarado que su candidato, González, había derrotado a Maduro por una mayoría aplastante.

El gobierno detuvo a unas 2.200 personas. Los funcionarios del gobierno, incluido el fiscal general Tarek William Saab, han defendido firmemente las detenciones, pero a principios de esta semana, Maduro pidió a Saab y a los jueces que garanticen la “justicia” en caso de que un caso “necesite ser rectificado y revisado”.

En septiembre, expertos independientes de las Naciones Unidas en derechos humanos emitieron un informe en el que acusaban al gobierno de Venezuela de intensificar el uso de sus herramientas de represión “más duras y violentas” tras las controvertidas elecciones de julio. El informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos, respaldado por la ONU, denunciaba violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de seguridad del país que “en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos”.

Varios países, incluidos aliados de Venezuela, han pedido a Maduro y a su gobierno que liberen de prisión a las personas detenidas arbitrariamente y que publiquen los resultados electorales detallados.

García Cano informó desde la Ciudad de México.

Por  REGINA GARCIA CANO y ANDRY RINCON

(Foto AP/Cristian Hernandez)

SAO PAULO (AP) — Un juez del Supremo Tribunal de Brasil dijo el jueves que la explosión ocurrida fuera del tribunal en Brasilia fue consecuencia de frecuentes ataques de extrema derecha y discursos de odio dirigidos a las instituciones del país.

“Creció bajo la apariencia de un uso criminal de la libertad de expresión. Ofender, amenazar, coaccionar”, dijo el juez Alexandre de Moraes en un evento en el Consejo Nacional del Ministerio Público.

La Policía Federal está investigando las explosiones del miércoles como actos de terrorismo y un ataque violento al estado de derecho democrático, dijo su director, Andrei Passos, en una conferencia de prensa posterior. Passos dijo que el hombre había intentado entrar en el Tribunal Supremo, y que la policía no considera la explosión como obra de un lobo solitario.

“Aunque esto fue un individuo, detrás de él está todo este discurso que lleva a alguien a cometer esto”, dijo Passos. “Estas acciones no son acciones aisladas”.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del Supremo Tribunal, obtenidas por la red de televisión Globo, muestran al sospechoso acercándose a una estatua fuera del tribunal. Cuando un guardia se acerca, el hombre lanza un explosivo y retrocede unos pasos, luego lanza un segundo dispositivo y sigue una explosión. Finalmente, el sospechoso enciende un tercer dispositivo cerca de sí mismo, causando su muerte.

Passos dijo que el hombre era originario del estado sureño de Santa Catarina, donde anteriormente se había postulado para el concejo municipal, y había estado en Brasilia varios meses.

Celina Leão, la vicegobernadora del distrito federal de Brasil, dijo el miércoles por la noche que el hombre primero detonó explosivos en un automóvil en un estacionamiento del Congreso, lo que no causó heridas. Luego se dirigió a la Plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran el Supremo Tribunal, el Congreso y el palacio presidencial.

Los medios locales identificaron al hombre como miembro del Partido Liberal de Brasil, el mismo que el expresidente Jair Bolsonaro.

Bolsonaro ha criticado al Tribunal Supremo en el pasado y ha centrado su ira en Moraes.

Los partidarios de Bolsonaro consideran a de Moraes su principal enemigo. Ha liderado una investigación de cinco años sobre noticias falsas y amenazas contra los jueces del tribunal, lo que ha llevado a la prohibición de algunos aliados y partidarios de extrema derecha en las redes sociales e incluso a algunas encarcelaciones. También presidió el tribunal electoral superior del país cuando declaró a Bolsonaro inelegible para ocupar cargos hasta 2030, al encontrar que había abusado de su poder y emitido dudas infundadas sobre la validez del resultado de las elecciones de 2022.

Bolsonaro condenó el ataque en las redes sociales.

“Es hora de que Brasil vuelva a cultivar un ambiente adecuado para que las ideas diferentes se enfrenten pacíficamente, y para que la fuerza de los argumentos valga más que el argumento de la fuerza”, escribió.

Algunos acusan a de Moraes de excederse en nombre de proteger la democracia brasileña de las amenazas gemelas de la violencia política y la desinformación. Otros ven sus tácticas audaces como justificadas por circunstancias extraordinarias.

Meses después de que Bolsonaro perdiera su candidatura electoral de 2022, los partidarios de Bolsonaro asaltaron los principales edificios gubernamentales en Brasilia, buscando derrocar a su sucesor izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva. Fue ampliamente visto como un eco de la insurrección en el Capitolio en Washington dos años antes.

El Supremo Tribunal ha condenado desde entonces a cientos de los involucrados en el levantamiento por delitos como asociación delictiva y golpe de estado fallido.

De Moraes dijo el jueves que las explosiones fuera del tribunal parecían ser el ataque más grave a la institución desde entonces.

“La pacificación del país solo es posible con la responsabilización de todos los criminales. No hay posibilidad de pacificación con amnistía para los criminales”, dijo de Moraes.

A principios de este año, de Moraes ordenó una prohibición nacional de X después de una larga disputa con su propietario multimillonario, Elon Musk, sobre la libertad de expresión, cuentas de extrema derecha y desinformación. Musk había despreciado a de Moraes, llamándolo autoritario y censor, aunque sus fallos, incluida la suspensión de X, fueron repetidamente confirmados por sus colegas. La plataforma fue restablecida en octubre.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

(AP foto/Eraldo Peres)

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció la noche del domingo que la fuerza pública no acatará las órdenes “ilegales” de la fiscalía, tras el allanamiento el domingo de la vivienda del exministro de comunicaciones Félix Alvarado, quién había renunciado al cargo la semana pasada quedando así sin inmunidad.

La fiscalía no quiso confirmar los motivos para realizar el allanamiento, alegando que el caso estaba bajo reserva judicial.

“Nosotros lo que vamos a hacer es asegurarnos que la fuerza pública no ejecute órdenes que no respondan a la más estricta legalidad” dijo el mandatario en conferencia de prensa.

La “justicia en Guatemala está en crisis”, afirmó Arévalo, que responsabilizó al Ministerio Público de provocar la crisis por ser “criminalizador y arbitrario”. El presidente adelantó que se implementara un mecanismo para revisar las órdenes de la fiscalía, sin dar más detalles.

Arévalo dijo que fiscales del Ministerio Público con el rostro cubierto allanaron la residencia del exfuncionario y sustrajeron sus documentos de identidad, incluyendo el pasaporte, algo que calificó como “acciones espurias” que rechazaba. El cateo incluía un despliegue policial, aunque los agentes no entraron en la vivienda.

Arévalo calificó a Alvarado como un hombre transparente y honrado y le agradeció los seis meses a cargo de la cartera de Comunicaciones. Alvarado dijo la semana pasada que dejaba el cargo por desacuerdo con el presidente.

El presidente anunció que citará de forma urgente a la fiscal general, Consuelo Porras, para que explique su participación en la crisis del sistema de justicia, luego de que organismos internacionales como la OEA y la ONU rindieran informes sobre acoso, amenazas y criminalización de parte de la fiscalía contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso en procesos de elección de cortes.

Porras mantiene una arremetida contra el gobierno de Arévalo, que inició cuando este era aún candidato presidencial. Su fiscalía intentó investigar a más de 150.000 guatemaltecos que participaron en las juntas electorales recibiendo los votos de los ciudadanos bajo acusaciones de un presunto fraude electoral.

El mandatario recordó como parte de esa crisis de justicia el encarcelamiento que vivió la exdirectora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, que forma parte de su partido político y la semana pasada aceptó cargos y fue condenada por delitos relacionados con financiamiento electoral del partido. Tras su condena recuperó inmediatamente su libertad.

Hernández dijo que era inocente, pero que aceptaba los cargos para salir de prisión, donde llevaba tres meses, y se encontraba deprimida y enferma. Arévalo calificó de tortura psicológica lo ocurrido a Hernández.

El presidente denunció la cooptación del sistema de justicia por jueces corruptos que también quieren volver a enviar a prisión al periodista José Rubén Zamora, quién pasó más de 800 días en prisión sin condena. Tras recuperar su libertad, hace menos de un mes, una corte de apelaciones ordenó que volviera a prisión.

“La misma minoría corrupta busca hacer que José Rubén Zamora vuelva a la cárcel para seguir demostrando su desprecio por la libertad de expresión” dijo el presidente.

Arévalo condenó “la persecución a quienes piensan independiente, a quienes actúan de acuerdo con su conciencia, es su agenda cotidiana (...) Nuestra democracia es una amenaza para ellos y quieren destruirla cueste lo que cueste”.

El presidente recordó que ni él se ha salvado de las acciones de la fiscalía, que le ha presentado en 11 ocasiones solicitudes de retiro de inmunidad, las cuales no ha logrado.

Como varios de sus fiscales, Porras está sancionada por más de 40 países que le han prohibido la entrada a sus territorios señalándola de obstruir la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia en el país centroamericano.

(AP Foto/Richard Drew, Archivo)

By  SONIA PÉREZ D.

LIMA, Perú (AP) — Fue un gran día para la presidenta accidental de Perú, Dina Boluarte , cuya agenda oficial ha estado en blanco durante meses.

El jueves, la cumbre de alto perfil del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Lima puso a Boluarte —uno de los presidentes menos populares del mundo, con un índice de aprobación pública de apenas el 4%— bajo las brillantes luces de un centro de convenciones repleto de líderes mundiales, destacados directores ejecutivos y dignatarios visitantes.

No es solo que Boluarte, que durante mucho tiempo ha sido una funcionaria de bajo perfil y mal pagada, nunca antes haya desplegado la alfombra roja para líderes poderosos como el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping desde que asumió el cargo en diciembre de 2022. Es que apenas se la ha visto fuera de su mansión de ladrillo en semanas. Los periodistas locales cuentan más de 100 días desde la última vez que habló con un reportero.

Su reciente reclusión no sorprende especialmente. Llegó a la presidencia porque fue vicepresidenta de Pedro Castillo, un ex maestro de escuela rural sin experiencia política previa que fue derrocado cuando intentó disolver el Congreso y desmantelar los tribunales. Una ola de protestas violentas sacudió al país y empañó las primeras semanas de Boluarte en el poder.

La popularidad de la presidenta se desplomó aún más en marzo, cuando la visión de relojes Rolex brillando en su muñeca llevó a la policía a allanar su casa y a los fiscales a iniciar una investigación sobre su presunto enriquecimiento ilícito .

Según una encuesta de la firma de sondeos Ipsos, su aprobación cayó a sólo el 4%. La encuesta se realizó entre el 10 y el 11 de octubre, con un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales. Ningún presidente peruano ha tenido una peor calificación en al menos 40 años.

Los poderosos legisladores, satisfechos con sus lujosos salarios, se han resistido a los pedidos de destituirla, pero silenciosamente han asumido la mayoría de sus funciones, dejando a Boluarte con poco que hacer.

El último detonante de la ira pública ha sido la creciente tendencia a la extorsión violenta por parte de bandas criminales en las zonas marginales de Lima. Los manifestantes han salido a las calles de todo el Perú acusando al gobierno de indiferencia ante el aumento de la delincuencia.

El miércoles, manifestantes bloquearon carreteras y se congregaron en la región de Arequipa, en el sureste de Perú, lo que provocó una represión policial que dejó seis heridos por balas de goma. Los residentes de Lima también aprovecharon la atención internacional para organizar protestas esta semana mientras Biden y otros 20 líderes mundiales se preparaban para reunirse en la cumbre de la APEC.

Después de que una serie de asesinatos contra conductores de autobús que no pagaron el dinero de la extorsión el mes pasado provocara escalofríos en Lima, los conductores de transporte público iniciaron varias huelgas que paralizaron la ciudad de 10 millones de habitantes. El gobierno ha declarado el estado de emergencia y ha prometido una respuesta contundente, pero la persistencia de los ataques violentos ha agudizado la ira contra Boluarte.

Temiendo todo lo que podría salir mal para sacar al tremendamente impopular líder de Perú de las sombras y llevarlo al escenario mundial esta semana, el gobierno no dejó nada al azar.

Las autoridades declararon días festivos del jueves al sábado y cerraron las escuelas, ordenando a millones de niños y funcionarios públicos que se quedaran en casa toda la semana para mantener las calles despejadas. En un paso subterráneo de una autopista cerca del centro de convenciones que alberga la APEC el lunes, los trabajadores limpiaron el lema pintado con aerosol “Dina Asesina” de una pared de concreto.

“El evento es ciertamente importante para Perú, pero el gobierno tiene tanto miedo de perder el control de las calles que está reaccionando exageradamente, tomando medidas inadecuadas”, dijo Eduardo Dargent, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que no protesten.

“Sería muy lamentable que en los días en que recibimos visitantes de las 21 economías más poderosas del mundo mostráramos un mal espectáculo, un espectáculo de conflicto”, dijo el primer ministro Gustavo Adrianzen en una reciente conferencia de prensa. El presidente Boluarte fue más allá y calificó las protestas de “traidoras”.

El jueves, los manifestantes dijeron que el espectro del conflicto en la APEC era exactamente lo que querían.

Mientras Boluarte, luciendo un vestido rosa brillante y perlas, saludaba al presidente chino Xi con una guardia de honor ceremonial y un toque de trompeta, la policía antidisturbios se enfrentaba a manifestantes antigubernamentales a pocas cuadras de distancia.

“Ella está tratando de aprovechar este momento frente a las cámaras de televisión para fingir que es la presidenta de Perú”, dijo Betty Mendoza, una manifestante de 35 años que blandía retratos de los 50 manifestantes civiles muertos en los disturbios sociales de 2022.

“Ella no nos representa”, dijo Mendoza sobre Boluarte. “No la elegimos”.

En un momento dado, el jueves, manifestantes enmascarados se lanzaron contra una línea de policías cerca del lugar de la conferencia, empujando a los agentes, que los empujaron y los golpearon con porras. Los médicos se apresuraron a atender a varios adolescentes que se agarraban la cabeza y gritaban de dolor.

“Mi nieto está creciendo en un país donde la violencia se está normalizando”, dijo Freda Reyes, de 54 años, quien llegó a protestar desde el distrito obrero oriental de Santa Anita, donde dijo que 10 de sus vecinos habían sido asesinados por bandas criminales este mes.

La última vez que Perú fue anfitrión de la APEC, en 2016, se desató una ola de protestas similares en todo el país. En ese momento, los trabajadores hacían huelga por sus bajos salarios y los residentes de Lima protestaban por la infraestructura pública notoriamente abandonada de su ciudad.

Esto sigue siendo motivo de preocupación. El miércoles, un incendio se propagó por los costados de un almacén de juguetes de plástico de varios pisos y envolvió otras seis casas cerca del palacio presidencial, sin causar heridos pero levantando una nube de humo negro visible desde la alfombra roja donde Boluarte estaba entregando una medalla a su homólogo malasio.

El periodista de Associated Press Franklin Briceno en Lima, Perú, contribuyó a este informe.

ISABEL DEBRE

DeBre escribe sobre Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay para The Associated Press, con sede en Buenos Aires. Antes de mudarse a Sudamérica en 2024, cubrió el Medio Oriente desde Jerusalén, El Cairo y Dubái.

(AP/Cesar Olmos y Mauricio Cuevas)